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“El Estado, a través de distintas medidas, ha mostrado un sólido respaldo a Petro-Perú. Este respaldo se ha dado mediante aportes de capital (como en el 2017 y en el 2022), apoyos financieros, líneas de crédito con entidades estatales, garantías financieras, decretos legislativos, entre otros”, afirma Apoyo & Asociados (Fitch) en su más reciente informe de clasificación de riesgo de Petro-Perú (de mayo del 2024). En realidad, el soporte del Estado viene desde antes, pues en diciembre del 2013 el gobierno del expresidente Ollanta Humala otorgó, mediante la Ley 30130, garantía de la República hasta por US$1.000 millones a los compromisos financieros que asumiera Petro-Perú vinculados al Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara.
En el 2017, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski inyectó capital a la empresa por US$325 millones. Adicionalmente, durante la gestión de Luis García-Rosell, en junio del 2017, Petro-Perú hizo una primera emisión internacional de bonos, colocando US$2.000 millones, con vencimientos en los años 2032 y 2047 y a una tasa de interés de 4,75% y 5,625%, respectivamente. Luego, en febrero del 2022, durante la gestión de Pedro Castillo, Petro-Perú hizo una ampliación de los bonos emitidos en el 2017 por US$1.000 millones, a una tasa de 5,625%. Estas emisiones no contaban con la garantía de la República. El Gobierno de Castillo también aprobó dos decretos de urgencia de apoyo financiero a Petro-Perú por US$750 millones y por S/500 millones, respectivamente, y un aporte de capital de S/4.000 millones.
Como si todos esos recursos no fueran suficientes, ahora el gobierno de Dina Boluarte le ha inyectado US$800 millones para operaciones de corto plazo (básicamente, pago a sus proveedores) y le ha ampliado de US$500 a US$1.000 millones la línea de garantía que le dio Castillo para sus operaciones de importación de crudo. Pero ese barril sin fondo sigue queriendo consumir recursos públicos.
En lo que va del 2024, Petro-Perú ha incurrido en pérdidas que sobrepasan los US$350 millones. Este drenaje de dinero tiene que detenerse ya, no solo porque el directorio de la petrolera, recientemente nombrado por los ministros José Arista y Rómulo Mucho, ha señalado que cualquier nuevo salvataje sería “inmoral”, sino porque no hay forma de que Petro-Perú pueda salir del hoyo en el que se encuentra.
La creciente competencia del sector privado ha determinado que su participación en el mercado de hidrocarburos se reduzca al 26%. Además de la refinería La Pampilla (Repsol), hoy operan en el mercado peruano hasta tres empresas que importan directamente el combustible que comercializan en buena parte del territorio. Es decir, el argumento de su supuesta posición estratégica en el territorio nacional no se sostiene. La deuda total de Petro-Perú bordea los US$ 6.102 millones (US$3.117 millones en bonos corporativos sin garantía, US$ 1.035 millones en préstamos bancarios, US$990 millones con la agencia española Cesce y US$960 millones con el Ministerio de Economía). El MEF debería formar un equipo pequeño para negociar, de ser posible, estas deudas. Las más compleja será, sin dudas, la de los bonos corporativos, que están sujetos a las leyes y los jueces de Nueva York, donde habrá que argumentar que la deuda no cuenta con la garantía de la República.
Los inversionistas prestaron el dinero bajo el entendido de que Petro-Perú es un cuasi-soberano. Los acreedores buscarán sostener que la estatal siempre ha tenido el apoyo implícito del Estado y, por ello, quizás pretendan involucrar a la República, llegado el caso de incumplimiento de esta deuda. Esto sería materia de un engorroso litigio en las cortes de Nueva York. Una tarea sin duda compleja que deberán abordar el MEF y el Minem en estos días.
Lo que no se debe descartar es que el Estado Peruano asuma parte de la deuda renegociada, pues así se podría dar en concesión o alquilar a un operador privado la nueva refinería, libre de deudas o con poca deuda. El Perú ya transitó este camino de la asunción de deudas en los 90, pero, desde luego, tiene que haber un beneficio tangible para esta posibilidad. Opciones hay; es cuestión de enfrentar el tema de manera seria. Lo que es claro es que no debe haber ni un sol adicional para Petro-Perú, que sería no solo inmoral, sino también, a estas alturas, una probable malversación de fondos.
