El derecho a la verdad

La sentencia de Axel Rudakubana, un joven británico-ruandés de 18 años que asesinó a tres niñas e hirió a varias más en un club de fans de Taylor Swift en Gran Bretaña el año pasado, ha reavivado el debate sobre una tragedia que podría haberse evitado. El sádico ataque con cuchillo de Rudakubana contra un grupo de niños inocentes fue el acto final de una historia de comportamiento violento y una obsesión con el terrorismo. Si bien el crimen en sí es espantoso, las implicaciones más amplias del caso deberían obligar a los responsables políticos a enfrentar una verdad sobre el vínculo entre las fallas en la aplicación de la ley británica y una cultura de doble rasero y autoengaño que impregna secciones enteras del Parlamento, la fuerza policial y los medios de comunicación.

Las autoridades estaban al tanto del comportamiento violento y el interés de Rudakubana en contenido extremista en línea a principios del 2019, pero no intervinieron antes de que fuera demasiado tarde. Esto refleja los fracasos criminales observados en los horribles casos de abuso sexual infantil por parte de pandillas británicas pakistaníes de captación de menores en ciudades del norte como Rotherham y Rochdale, donde las autoridades locales y las fuerzas del orden se hicieron de la vista gorda durante años ante el abuso sistemático de cientos de niñas menores de edad. Si bien hay muchos problemas que podrían explicar estos fracasos, un factor común es el miedo entre los funcionarios a ser etiquetados como “racistas” o “islamófobos”, una adhesión a la corrección política y la evitación de “ofender” las sensibilidades culturales en nombre del multiculturalismo.

Este fracaso no es exclusivo de Gran Bretaña. De hecho, resuena con una tendencia global más amplia, particularmente en sociedades multiculturales como Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ha condenado sistemáticamente la corrección política como un impedimento para la honestidad y la rendición de cuentas. La retórica a menudo incendiaria de Trump es pertinente aquí: la corrección política no es solo una tendencia cultural, sino un obstáculo para abordar problemas sociales críticos. El fracaso en enfrentar realidades incómodas en el contexto de la inmigración y el crimen conduce a un ambiente donde se ignora la verdad y se debilita la fe en el multiculturalismo.

El caso de Rudakubana, al igual que los escándalos de las bandas británicas pakistaníes de captación de niños, muestra que cuando una ideología de “relativismo cultural” lleva a encubrir la verdad, se ponen en peligro vidas inocentes. El hecho de no actuar ante señales de advertencia claras, ya sea la captación de niñas o las tendencias extremistas de individuos como Rudakubana, es consecuencia de una cultura que prioriza la evitación de delitos por encima de la protección de los niños. Además, la renuencia de las autoridades a abordar estas cuestiones no hace más que exacerbar aún más los prejuicios raciales, creando todo lo contrario de la armonía multicultural.

Estos abusos, además de exponer las limitaciones de las fuerzas del orden británicas, subrayan la necesidad de un cambio fundamental en el debate público. Durante demasiado tiempo, una cultura de silencio ha dominado las conversaciones sobre el crimen y la inmigración. El temor por ofender a ciertos grupos ha llevado a una renuencia a reconocer el papel que los factores culturales pueden desempeñar en la delincuencia, especialmente cuando se trata de actitudes hacia las mujeres. Esta falta de voluntad para hablar con franqueza sobre estos temas no sirve a los intereses de nadie, sino que permite más daño a los niños vulnerables y erosiona la confianza en las instituciones que se supone deben proteger a todos.

Lo que se necesita ahora es que nuestros políticos “nos lo den claro”. Las sociedades multiculturalistas dependen de “decir la verdad” cuando se trata de promover la confianza y la tolerancia. Los responsables políticos, las fuerzas del orden y las autoridades locales deben dar prioridad a la seguridad de los niños y la integridad del sistema de justicia por encima de todo. Esto significa abandonar cualquier elemento de corrección política o relativismo cultural que impida las intervenciones necesarias. Solo a través de la transparencia, reconociendo públicamente el papel de las normas culturales o comunitarias tóxicas en el fomento del delito, podemos comenzar a abordar estos problemas de manera efectiva.