La función del periodista y las revelaciones de Jaime Villanueva

Los periodistas somos los mediadores de la información, somos nosotros los que filtramos la información y decidimos qué se convierte en noticia y que no, de acuerdo con determinados indicadores de importancia e interés público (en el contenido digital se suman otros). También ejercemos nuestra función fiscalizadora y vigilamos a los poderes públicos por medio del periodismo de investigación.

Pero algunos se han convertido en operadores del poder político y empresarial. Son los que ponen en la agenda pública los hechos para que sean valorados por las audiencias de acuerdo con unos atributos –características– que resaltan o no resaltan, para que se hable de algo, alguien, se oculte algo o no se hable de alguien. De allí deviene el gran poder que tienen los medios de comunicación, según detallan los tres niveles de la ‘agenda setting’ estudiada por Donald Shaw y Maxwell McCombs.

En ese proceso mediador, el periodista manipula y se deja manipular. Esto ha quedado demostrado en las últimas declaraciones de Jaime Villanueva, el exasesor de la suspendida fiscal Patricia Benavides.

Lo dicho por Villanueva –que debe ser corroborado– evidencia que nada fue gratuito en la difusión de grandes investigaciones sobre corrupción realizadas por ciertos medios de prensa y portales webs; de manera que los periodistas han cumplido su rol de mediadores, no entre los hechos y los intereses del público, como manda toda buena praxis periodística, sino entre los líos de los fiscales que se atacan unos a otros y que mueven la reacción de la opinión pública en función de lo que es más útil para ellos. Por eso, la profesora chilena Silvia Pellegrini afirma, con acierto, que parte importante de la legitimidad de acción del poder político depende del juicio y puente que hagan los propios medios.

Un fiscal no quiere que hablen mal de él en la radio, TV, periódicos o redes sociales; por consiguiente, le entrega parte de un expediente a un periodista para que difunda un hecho y lo ponga en discusión y se desvíe la atención pública. O entrega en fragmentos los expedientes de las indagaciones en las que están involucrados funcionarios en delitos penales. Así parece que se ha ido manejando la difusión de algunos acontecimientos relevantes relacionados con los casos de corrupción.

Con las revelaciones de Villanueva se demuestra que algunos periodistas pactan con los fiscales anticorrupción para obtener información privilegiada y, peor aún, dirigen –quizás con ánimo de sentirse empoderados– pesquisas y mueven las piezas dentro del proceso de investigación que son de exclusividad del magistrado.

En su proceso de construcción noticiosa no existe la intención de buscar la verdad, que lo exige toda norma ética, a través de la verificación, indagación propia, exclusiva y contextualizada, sino que solo se reproducen los hechos descritos en los documentos entregados como parte del acuerdo y compromiso pactado con la fuente. Documentos cuya información ya viene sesgada, porque lo entregó un funcionario público que lo único que pretende es conducir la agenda pública y sacar ventaja de lo publicado.

Estos periodistas con su impertinencia e injerencia en las labores indagatorias de la fiscalía le han dado la espalda a esa función fiscalizadora y vigilante de las instituciones mencionadas al inicio de este texto. En una sociedad democrática no es la autoridad quien determina qué debe informarse, sino que la información se entiende como una función necesaria para que los ciudadanos puedan interactuar y valorar adecuadamente los hechos. Los periodistas son el contrapeso del poder político, o de donde este venga. De allí nuestro verdadero rol mediador y nuestra responsabilidad social.