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Un empresario de India pensaba expandir su negocio. Cuando expresó algo de interés por invertir en una planta en una ciudad mediana de China, puso en movimiento la máquina de atracción de capitales. A su llegada al aeropuerto chino, un domingo, fue recibido por el teniente alcalde de la ciudad. Ese mismo día, la delegación municipal lo acompañó a visitar un posible terreno que ya tenían preparado para recibir su inversión y empezar a construir. Luego, lo condujeron a la oficina del alcalde. Todo el papeleo necesario ya había sido llenado por la burocracia municipal. Los permisos y demás, todo resuelto. Lo único que él tenía que hacer era estampar su firma sobre las líneas punteadas al final de los documentos y traer su capital desde India. Seguía siendo domingo.
La historia la cuenta Raghuram Rajan, expresidente del Banco Central de India y profesor de la Universidad de Chicago. No es difícil de imaginar. Las ciudades de China compiten activamente por atraer inversión. Las autoridades locales, miembros del partido de gobierno, tienen incentivos políticos para generar el mayor dinamismo económico posible en sus comunidades. En EE.UU. se puede ver también la competencia entre estados para lograr que compañías grandes inviertan ahí. En el 2018, nada menos que 238 ciudades intentaron atraer las nuevas oficinas centrales del gigante Amazon. El premio venía, según Amazon, con una inversión de US$5 mil millones y 50 mil empleos tecnológicos. Inversiones mucho menores también generan interés constante de alcaldes, gobernadores y público en general.
Esta visión no podría contrastar más con la que tienen varios gobiernos regionales y municipalidades en territorio peruano. Empresarios de todo tamaño aquí son testigos de la dificultad para sortear las trabas burocráticas de los gobiernos locales. Los trámites para infinidad de licencias (de funcionamiento, de construcción, de habilitación urbana, etc.) consumen recursos y tiempo que el pequeño empresario no tiene. En más de una ocasión, los permisos arbitrarios se prestan además para la extorsión y la corrupción (“o pagas o te cierro”). Según Indecopi, “en el 2022, las municipalidades provinciales fueron las entidades que impusieron los mayores sobrecostos a la sociedad por la imposición de barreras burocráticas con un costo total de S/48,3 millones”. Es común, pues, que el alcalde no solo no sea un promotor de la inversión; en varios casos, es un enemigo activo de los emprendimientos grandes o chicos.
Si bien es cierto que el margen de acción de las regiones y municipalidades para atraer inversión es menor que el de otros países (en el Perú no es posible, por ejemplo, competir vía menores impuestos locales), se pueden ensayar otras fórmulas. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi hace una buena labor, pero debe fortalecerse. Al Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (del MEF), orientado a la inversión pública, podría agregársele un componente de inversión privada que premie a las municipalidades que más capital atraigan. El dolor de cabeza del Texto Único de Procedimiento Administrativo (TUPA) debe ordenarse con estándares nacionales digitales unificados que funjan como máximo y sobre los que cada municipalidad puede flexibilizar requisitos (jamás agregar) para competir. Incluso se podría pensar en una estructura tributaria que regrese a la municipalidad parte del impuesto a la renta que logre generar sobre cierto parámetro de tendencia.
Todo esto será inútil, sin embargo, sin el convencimiento de las autoridades de que la inversión privada es una palanca indispensable en el progreso de su región o distrito. En este campo, el populismo antiempresarial abunda. Se necesitan gobernadores regionales y alcaldes que realmente se interesen en que haya más negocios en su jurisdicción y que estos prosperen en armonía con la comunidad. Aun así sea domingo.