Nuevamente, la guerra

El presidente Castillo vuelve a poner al país al borde del precipicio. Anunciar un proyecto de ley para incluir en las elecciones de octubre una pregunta sobre si la población está de acuerdo o no con una nueva Constitución nos devuelve a las cotas máximas de incertidumbre que sufrimos a comienzos de su gobierno. Como si no hubiésemos avanzado nada.

Por supuesto, es inconstitucional, pero es una jugada política para cambiar la agenda del país, centrada en este momento en la degradación institucional generada por el Gobierno, en su incapacidad para todo y particularmente para manejar el alza de precios, y en la búsqueda de salidas al impasse nacional que puedan eventualmente suponer su retiro de la presidencia. Se quiere obliterar el desastre gubernamental para entretenernos con la discusión acerca de una nueva Constitución. Una maniobra de distracción.

De paso, se da maña para implicar que la causa de la subida de los precios no es la clamorosa incompetencia del Gobierno para prevenir y manejar un fenómeno que viene de fuera, sino precisamente la Constitución que no permite el control de precios –que sería nefasto y contraproducente– y la existencia de supuestos e imaginarios monopolios que suben los precios a su antojo.

Todo eso es absolutamente falso. Parte de la reacción contra el alza de precios que observamos obedece al golpe que significa la expulsión del paraíso de estabilidad monetaria que conquistamos gracias al modelo contenido en la Constitución del 93, sin precedentes en la historia. Y que proscribe las prácticas monopólicas.

Pero el paro agrario ha sido, en términos generales, un fracaso, porque se pretendió redirigir la protesta contra el Gobierno por el alza de los fertilizantes y el avance nulo de la segunda reforma agraria hacia demandas que no tienen nada que ver con los problemas agrarios, tales como, precisamente, acabar con supuestos monopolios, una nueva Constitución y cierre del Congreso. Entre la CGTP, cooptada por el Gobierno luego de haberle entregado el Ministerio de Trabajo, y dirigentes de Perú Libre intentaron forzar esa plataforma. El presidente Castillo, sin embargo, increíblemente la hizo suya con el funesto anuncio, al mismo tiempo que el primer ministro retomó la posibilidad de cerrar el Congreso. Todo un tinglado absolutamente irresponsable y demagógico.

Un paro contra el Gobierno se quiso transfigurar en uno a favor de la agenda radical del Gobierno y de Perú Libre, de la misma manera en la que los conflictos mineros se dejan escalar y hasta se fomentan desde un Ministerio de Energía y Minas capturado por Cerrón, solo para terminar demandando la nacionalización de las empresas y la creación de la “empresa nacional del cobre”, como propuso Guido Bellido.

Es asombroso cómo desde la cima de la impopularidad, el Gobierno logra transmutar demandas concretas de solución de problemas generados por su incompetencia o con su colaboración en banderas de guerra contra el país propias del maximalismo del ideario de Cerrón. Y pasamos en menos de una semana de la búsqueda de un Gabinete de ancha base anunciado por el cardenal Barreto al abismo de la locura extremista.

Domingo García Belaunde ha sugerido una contrapropuesta para recortar el período presidencial del presidente Castillo mediante el mismo procedimiento. Con la diferencia de que, en este caso, sí se trata de una modificación constitucional que se ejecuta a través de una de las variantes del artículo 206 de la Constitución, se aprueba con la mitad más uno del número legal de miembros del Congreso y luego va a referéndum. Si este se aprueba, asumiría Dina Boluarte, siempre y cuando haya aceptado un Gabinete conversado y empoderado.

Ya es hora de que los líderes políticos se reúnan para acordar una salida. Es increíble que no lo hayan hecho todavía. Esto ya no da más.