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Cerrar las brechas que nos separan del progreso debería ser la bandera del Gobierno en todos sus niveles. El Comercio ha mostrado cifras sobre el crecimiento de la inversión pública, lo que muestra un camino optimista y las primeras señales positivas del camino a seguir en la coordinación entre gobiernos locales, regionales y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Para mejorar la inversión pública debemos empezar por tener lineamientos claros y estables. En esa línea, el MEF debe establecer parámetros consistentes que permitan a las regiones planificar proyectos a largo plazo sin los obstáculos burocráticos que tanto retrasan el desarrollo. Necesitamos una estrategia nacional que priorice proyectos de alto impacto social y económico, con un marco normativo que incentive la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos. Esto implica que no vuelva a suceder, como en el 2024, que se quite dinero a los gobiernos regionales para repartir partidas con criterios políticos a gobiernos locales, principalmente a los gestionados por autoridades afiliadas a los partidos políticos aliados.
La experiencia reciente también nos muestra la necesidad de tener un fondo de apoyo técnico para regiones. La capacidad técnica de muchas regiones sigue siendo limitada. Por ello, resulta necesaria la creación de un fondo nacional que permita a los gobiernos regionales contar con equipos técnicos especializados en formulación y gestión de proyectos. Este fondo debe ser gestionado con criterios de meritocracia y descentralización, asegurando que todas las regiones tengan acceso a profesionales capacitados que impulsen proyectos sostenibles y viables.
Esto debe venir acompañado de una agenda transversal enfocada en tres temas: educación, salud y conexión. Es imperativo que el 2025 sea el año en el que se terminen las escuelas inconclusas. Cada región debe presentar un plan concreto para culminar la infraestructura educativa, con metas claras y plazos estrictos.
En muchas regiones, los hospitales están a años luz de ser funcionales. Proyectos paralizados deben reactivarse de inmediato (sin importar los trasnochados debates sobre quién puso la primera piedra), y los nuevos deben priorizarse en zonas rurales y comunidades alejadas, mientras que los proyectos de infraestructura vial deben ser el eje central para atraer inversiones y dinamizar economías locales. Las regiones deben trabajar de la mano con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para identificar corredores estratégicos y garantizar su pronta ejecución. Las vías no solo conectan pueblos; conectan oportunidades.
En Junín, por ejemplo, con estos criterios de planificación y una eficiente ejecución, hemos logrado reactivar siete hospitales (dos entregados), cuatro puentes (uno ya entregado) y dos colegios emblemáticos.
Estas propuestas no son promesas vacías, son una hoja de ruta para empezar a sentar una base sostenible de inversión pública eficiente. Esta visión es la que ha permitido a Junín lograr la mayor ejecución presupuestal, por dos años consecutivos, de nuestra historia, según se puede constatar en el portal de transparencia económica del MEF. Solo con inversión inteligente y coordinada lograremos un futuro próspero y justo. El Perú merece más y el 2025 debe ser el año en el que demos ese gran salto.