Esta semana se cumplió un mes desde que el ministro Daniel Urresti asumió la cartera del Interior y, sin duda, este breve período ha sido uno de los más activos y mediáticos para este sector en lo que va del gobierno de Ollanta Humala.
Un cambio positivo es que el nuevo ministro sí ha tomado conciencia de la situación de inseguridad que enfrenta el país. Declaraciones como las del ex ministro Wilfredo Pedraza, quien señalaba que es un simple tema de “percepción”, o las del entonces primer ministro Juan Jiménez Mayor, que acusaba a la ciudadanía de sufrir de “histeria”, parecen haber quedado en el pasado. A eso se le suma que sus acciones mediáticas dan la impresión de haber caído bien en parte de la ciudadanía, que ve a este ministro con mejores ojos que a los anteriores (incluso a pesar de que sobre él penden graves denuncias de violaciones de los derechos humanos).
Sin embargo, a un mes en el cargo, más allá de algunas operaciones para erradicar a los delincuentes callejeros o medidas aisladas, como la presentación del nuevo sistema de abastecimiento de combustible o la recién adoptada modalidad de “bloqueo en cápsula” para la intervención de vehículos, el ministro Urresti no ha anunciado ni presentado un verdadero plan de reforma para resolver la inseguridad ciudadana.
Así, si bien lo hecho hasta el momento no es malo, el problema son las omisiones. Por ejemplo, el ministro no ha anunciado ninguna medida para lidiar con la penosa situación de las escuelas de formación de la PNP y tampoco parece estar dispuesto a cumplir lo acordado recientemente en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) sobre la eliminación del cuestionado sistema 24 × 24. Solo el último viernes anunció someramente la remodelación de las comisarías del país, que, en muchos casos, no tienen ni siquiera servicios básicos. Ello, sin presentar un plan sobre cómo esto será financiado y en qué plazo se iniciarían las obras.
Por otro lado, el ministro tampoco se ha encargado de que se adopten medidas efectivas en el seno del Conasec, institución que debería liderar la lucha contra el delito pero que en lo que va del gobierno ha estado, en la práctica, descabezada. Asimismo, se esperaría que el señor Urresti inicie una sana y necesaria práctica de tener reuniones con los otros actores que forman parte de dicho organismo de manera constante. Después de todo, si no se articulan las políticas entre todas las instituciones, la lucha contra el crimen se convertirá en una carreta que es tirada por cada caballo hacia un lado distinto.
Por ejemplo, el ministro debería tener reuniones periódicas con los titulares del Poder Judicial y del Ministerio Público para rediseñar y fortalecer fiscalías y juzgados especiales para perseguir el crimen organizado. Por otro lado, es sumamente importante que el ministro Urresti coordine con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía (MEF) para la construcción de más penales y la ampliación y equipamiento de los existentes. Además, debería llegar a un acuerdo con el MEF para retomar el plan de eliminación del 24 × 24 y financiar la mejora de todas las escuelas de capacitación policial y comisarías a escala nacional. Todo esto, por supuesto, solo para empezar.
Como ya hemos señalado en otras oportunidades, en este Diario nos preocupa que el ministro del Interior esté muy distraído por el protagonismo mediático y que eso le impida involucrarse en las reformas de fondo y articular con liderazgo el diseño y la conducción de las grandes políticas para combatir el delito. Esperamos que el discurso de este 28 de julio nos traiga anuncios que en este sentido demuestren que el ministro sí ha estado trabajando en objetivos estratégicos de escala macro y que no solo ha estado invirtiendo mal su tiempo persiguiendo delincuentes comunes en las calles. Hasta hoy lo que hemos visto es que el señor Urresti ha adoptado el rol de un capitán de policía. Y, si queremos que la lucha contra la inseguridad tenga éxito, necesitamos que decida ascender al puesto de ministro.