Editorial: Cuentas en negro

Debe llamarnos la atención la corrección que ha hecho Petro-Perú de su resultado económico del año 2014. Se trata de una empresa estatal a la que, además, se ha encargado explotar el lote 192. Inicialmente, la empresa petrolera anunció pérdidas por 94,9 millones de nuevos soles. Luego de la auditoría de resultados por la firma KPMG, la pérdida neta llega a 218 millones, más del doble. 

En negocios de grandes inversiones cabe que un año se registren pérdidas para luego obtener ganancias sucesivas. No es el caso de la pérdida del año 2014, que se debe a condiciones de mercado mal encaradas, a la que se sumó, al parecer, un deficiente manejo de la contabilidad.

Según la empresa, una de las causas de las pérdidas que ya se iban registrando fue la abrupta caída de los precios del crudo y productos. Ello afectó la valorización de inventarios. Así lo señala información que proporcionó a la Bolsa de Valores de Lima (BVL) en el tercer trimestre del 2014.

Sin embargo, si bien la caída del precio es abrupta estadísticamente, no lo fue desde el punto de vista de su previsibilidad. En el 2014 se registró el mayor incremento de los inventarios globales y la demanda caía por efecto de la crisis financiera. Los países no OPEP llegaron al récord de producir 2 millones de barriles diarios. La caída de los precios no tenía, entonces, que sorprender a nadie ante la gran oferta. Más importante aún en este contexto es reconocer que, al margen del supuesto nivel de previsibilidad que algún negocio pueda tener, las inversiones son, por esencia, riesgosas. En el caso de Petro-Perú, las pérdidas que registra como parte del “negocio seguro” en el que se embarcaron las pagamos todos los contribuyentes.

La empresa que auditó la información financiera inicialmente observó que Petro-Perú no había presentado estados financieros en la fecha requerida. No registró deterioro de sus equipos, pese a que había indicios de ello, y cometió errores de contabilidad en relación con los ingresos proyectados de la Refinería de Talara.

Petro-Perú, además, incumplió con los indicadores financieros exigidos en los compromisos de un préstamo sindicado. Tuvo que obtener una carta de dispensa de los bancos, que recién llegó en febrero del año siguiente.

La empresa estatal calculó mal la tasa de descuento, usando una metodología extraña al estándar de la que se usa en el mercado de hidrocarburos, según la auditoría inicial de Caipo y Asociados. Registró en forma indebida ingresos por diferencia del tipo de cambio. Contravino, además, normas internacionales de contabilidad sobre las variaciones del valor de la moneda extranjera.

Ha habido, pues, una tremenda falta de idoneidad en la contabilidad del ejercicio del año de la caída de los precios del petróleo. En otras palabras, la empresa estatal no estuvo a la altura de una circunstancia de mercado determinada.

El Congreso de la República ha dado una ley que ordena que Petro-Perú se haga cargo del lote 192. La Ley de Modernización de la Refinería de Talara fue modificada para tal fin. Lo que no ha sido modificado, sin embargo, es la escasa capacidad de gestión de la empresa estatal.

La ley mencionada obliga a un plan de saneamiento de la empresa y a reorganizarla administrativamente. Establece que debe elaborarse un Código de Buen Gobierno Corporativo, “acorde a prácticas internacionales para empresas petroleras”. 

El error cometido con la contabilidad de las pérdidas del 2014 revela que la empresa incumple con estos mandatos de la ley en cuestión. Se supone que debió contratar a una empresa de prestigio internacional para el diseño y la estrategia de la reorganización. 

La modernización de la refinería ya inició sus operaciones, antes de que se cumplan estas condiciones. Se ha sumado, además, el encargo del lote 192. Petro-Perú está dispuesto a asumirlo, siempre y cuando el Estado le entregue 45 millones de dólares para empezar, según declaró su presidente.

Si vamos a seguir cargando con los pasivos de Petro-Perú, los contribuyentes tenemos derecho a exigir por lo menos una corrección en la administración de la empresa. Tenemos derecho a exigir que se cumpla con los mandatos de la ley. Y tenemos derecho a exigir, finalmente, que el Estado no financie a una empresa que no sabe manejar profesionalmente su contabilidad.