Editorial El Comercio

Con 67 firmas, se presentó finalmente este martes contra por incapacidad moral permanente en lo que va de este gobierno. La admisión a debate de la iniciativa se votará hoy en el pleno y, salvo deserciones impensadas, conseguirá cómodamente los 52 votos que hacen falta para avanzar al siguiente paso: la invitación al mandatario para que ejerza su defensa, personalmente o a través de su abogado, ante la representación nacional y la posterior votación de la moción propiamente dicha (lo que aparentemente sucedería recién el lunes 12 de diciembre).

Como se sabe, la iniciativa requiere un mínimo de 87 votos para ser aprobada; y es ahí donde radica el margen de duda sobre la suerte que correrá. El legislador no agrupado , principal impulsor de este nuevo intento, dijo antes de ayer: “Al día de hoy, tenemos un número [de respaldos] que sobrepasa con holgura los 87 votos”. Una afirmación que habría despertado un gran entusiasmo entre los partidarios de la vacancia… Si no fuera porque luego añadió: “Pero eso es al día de hoy”. Por último, en alusión a los presuntos nuevos adeptos a la idea en el hemiciclo, anotó: “Puede ser que, en tres, cuatro días, alguien los compre, les ofrezca un ministerio”. Es decir, todo está por verse.

La realidad, en cualquier caso, es que firmar una moción parlamentaria no es lo mismo que votar por ella. De hecho, ya hemos sido testigos de casos en los que legisladores embozadamente próximos a Palacio han defeccionado a última hora en votaciones de mociones claves que inicialmente habían apoyado. Hay que señalar, sin embargo, que, al mismo tiempo, es de esperar que algunos congresistas que no se encuentran entre los firmantes de la iniciativa terminen votando a favor de ella.

Ahora bien, ¿hay motivos para suponer que en esta oportunidad el resultado puede ser distinto a los anteriores? En teoría, sí, pues en esta ocasión la solidez de la argumentación que sostiene el empeño es bastante mejor que las dos ensayadas en el pasado; particularmente, que la primera.

Para sustentar la incapacidad moral del jefe del Estado, la moción acude a tres innegables manifestaciones de ella: la sistemática designación de personas cuestionadas técnica o éticamente para ocupar un alto cargo en el Ejecutivo, los casos de corrupción que comprometen directamente al mandatario y sus evidentes esfuerzos por obstruir la acción de la justicia en las investigaciones que se le siguen a él y a los miembros de su entorno inmediato. Además de otras faltas éticas innegables, como el descarado plagio en la tesis de maestría del presidente y la primera dama, o la burla a los pacientes oncológicos a los que se les prometió un presupuesto que no existe. El documento proporciona, desde luego, abundantes ejemplos de cada una de esas manifestaciones. Ejemplos, dicho sea de paso, sobre los que hemos llamado la atención una y otra vez en esta página.

Por solo mencionar algunos de ellos, los nombramientos del prófugo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones o de en la cartera de Vivienda pueden ilustrar lo primero; la adjudicación de las obras del o la intervención en los en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, lo segundo; y las acciones orquestadas desde Palacio que buscaron liderado por el coronel PNP Harvey Colchado para ubicar al ya mencionado Silva o al sobrino del presidente, , lo tercero.

Aparte de todo eso, la moción incluye también consideraciones sobre la forma en que el gobernante ha vulnerado los principios de la separación de poderes al haber ofrecido a determinados congresistas obras y puestos de trabajo en el Estado “a cambio de impunidad”.

La iniciativa aporta, pues, auténticos elementos de convicción de la incapacidad moral permanente del presidente Castillo, y por eso la ciudadanía estará de seguro pendiente del sentido del voto de cada uno de los congresistas dentro de pocos días, cuando de librar al país de la camarilla de corruptos e incapaces que él encabeza se trate.

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