Editorial: Ilimitados

En el mundo de los negocios, se suele reconocer que tanto o más importante que una buena idea es una buena ejecución. Un ejemplo de ello lo tuvimos recientemente en el mercado de la telefonía móvil.

Hace unas semanas, una de las operadoras de telefonía móvil (Entel) anunció a sus clientes una nueva oferta llamada “todo ilimitado”, un cargo fijo mensual que permitía a sus usuarios realizar llamadas telefónicas, enviar mensajes de texto y navegar por Internet sin un tope de consumo. Como suele ocurrir con las iniciativas empresariales atractivas, esta fue replicada rápidamente, y a las pocas horas, las empresas competidoras (Movistar, Claro y Bitel) lanzaban ofertas similares para sus propios usuarios.

La introducción de una tarifa plana en el mercado de telefonía móvil, qué duda cabe, era una buena noticia para los consumidores, quienes tendrían a su disposición mayores posibilidades de comunicación y a un costo predecible e inferior al que hubieran tenido que pagar previamente. Y el hecho de que todas las empresas en el mercado hubieran reaccionado rápidamente para ofrecer paquetes alternativos hacía tangible los beneficios del dinamismo de la competencia.

Al cabo de unos días, sin embargo, el organismo regulador de las telecomunicaciones, Osiptel, hizo notar que algunas empresas operadoras no habían sido tan claras al momento de difundir las bondades de sus nuevos servicios. Así, anotó, por ejemplo, que una de las compañías no había informado en su página web acerca de todas las restricciones a los nuevos planes ilimitados que ofrecía, como por ejemplo, que dicho servicio no estaba disponible para la ciudad de Iquitos. También observó que si bien para el caso de tres operadoras la navegación en Internet (es decir, el volumen de subida y descarga de contenidos) era ilimitada, la velocidad de navegación iba a disminuir a partir de cierto nivel de consumo (entre 32 GB y 33 GB) y que esa nueva velocidad reducida no se incluía en la información difundida por las empresas.

Es cierto que ninguna de estas condiciones desvirtuaba la nueva oferta de las operadoras ni varios de los beneficios que iban a percibir sus usuarios, pero también lo es que las compañías telefónicas no habían cumplido cabalmente con la regulación, y que ello exigía de su parte una inmediata rectificación, así como adoptar acciones para compensar a los usuarios que pudieran haber sido afectados por dichas omisiones. Pero mientras la respuesta de las compañías se mostraba lenta, intervino el Osiptel. Otra buena idea, de no ser porque la prontitud de su actuación no vino acompañada por el mismo nivel de mesura.

La semana pasada, el Osiptel anunció que había dispuesto una medida cautelar contra las empresas de telefonía móvil obligándolas a suspender la oferta y contratación de los mencionados paquetes de tarifa plana. Una medida evidentemente desproporcionada para las supuestas faltas que había detectado. Pues si el problema consistía en que las compañías telefónicas habían omitido proporcionar la información completa por todos los canales que la regulación exigía, mucho más eficaz y prudente era ordenarles que cumplan con rectificar o complementar la información, bajo apercibimiento de multarlas sucesivamente en caso no lo hicieran. Ni siquiera durante la confusa y gaseosa conferencia de prensa en la que Osiptel anunciaba su resolución los funcionarios pudieron justificar su decisión ni explicar con claridad cuál era el daño irreparable que justificaba retirar del mercado un servicio que tanta buena acogida había tenido entre los consumidores.

La poca diligencia de las empresas combinada con un desmedido protagonismo interventor del Osiptel terminó por quitarle el brillo a una interesante iniciativa empresarial, y peor aún, privar de su disfrute a los consumidores, por lo que habría que esperar que en el futuro las reguladas y el regulador no se sientan tan ilimitados.