La procuraduría en la mira

El 8 de mayo, el legislador Jorge Luis Flores (Acción Popular), en coautoría con siete compañeros de su bancada, presentó un proyecto de reforma constitucional “que fortalece la lucha contra la corrupción otorgando independencia a los procuradores del Estado y crea la Procuraduría General del Estado como organismo constitucional autónomo”. Como suele ocurrir con las iniciativas de los congresistas, sin embargo, esta puede sonar muy bien en el título, pero basta con hurgar un poco en su contenido y en el pasado de sus impulsores para detectar el peligro que lleva agazapado.

El proyecto propone, de manera resumida, que sea el Congreso –con el voto de 87 de sus miembros– el que designe al procurador general del Estado y que pueda también removerlo “por falta grave”. Como disposición complementaria transitoria, además, establece que quien actualmente ostenta ese cargo, Daniel Soria, cese automáticamente en sus funciones una vez que se elija a su reemplazo, aun cuando su mandato vence recién en el 2025.

Antes de todo, es importante mencionar que la modalidad actual para la designación de este funcionario está lejos de ser perfecta. Hoy el procurador general es elegido por el presidente, a propuesta del Ministerio de Justicia, y los serios problemas que esto acarrea los acabamos de presenciar todos los peruanos con el gobierno de Pedro Castillo. Él y Aníbal Torres, como se recuerda, cocinaron una destitución ‘express’ de Soria –que fue luego acertadamente anulada por el Poder Judicial– en represalia porque este se atrevió a denunciar al actual inquilino del penal de Barbadillo por el Caso Puente Tarata, y colocaron en su lugar a funcionarios que no movieron un dedo ante las pruebas de malos manejos en la administración anterior que se iban aglomerando a vista de todo el mundo.

En ese sentido, es necesario impulsar un cambio para blindar al cargo de procurador general de las embestidas del poder, pero la propuesta de los legisladores de Acción Popular no corrige esta situación; al contrario, corre el riesgo de empeorarla. Esto, porque la actual representación nacional le acaba de demostrar al país que puede romper récords de irresponsabilidad e insensatez cuando de elegir a un alto funcionario se trata.

La semana pasada, 88 parlamentarios convirtieron a Josué Gutiérrez en defensor del Pueblo, un cargo para el que claramente no está preparado y, por si lo anterior no fuera suficiente, cuando arrastra serios cuestionamientos que ponen en duda sus capacidades morales y técnicas. Su nombramiento fue capaz de unir a grupos políticos que se declaran antagónicos, pero que comparten la circunstancia de tener a sus líderes investigados; un dato no menor tomando en cuenta que Gutiérrez presidirá, en su calidad de defensor del Pueblo, la comisión encargada de nombrar a los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la entidad a cargo del nombramiento y destitución de jueces y fiscales. Si esto acaba de ocurrir hace apenas unos días, ¿cómo no pensar que 87 legisladores pueden volver a unir esfuerzos para colocar esta vez a la cabeza de la Procuraduría General del Estado a alguien que les asegure un trato indulgente para ellos o sus líderes salpicados en casos de corrupción?

Peor aun cuando los ocho firmantes del proyecto (a saber, Elvis Vergara, Darwin Espinoza, Ilich López, Juan Carlos Mori, Raúl Doroteo, Marleny Portero, Luis Aragón y el propio Flores) se encuentran investigados por el Ministerio Público en la trama conocida como ‘Los Niños’.

Con todos estos elementos, no hace falta un análisis muy profundo para darse cuenta del objetivo de este proyecto: lograr colocar como procurador general del Estado a un individuo que, a expensas de su formación o de sus credenciales técnicas y morales, les garantice a sus promotores un trato inocuo, tal y como ha ocurrido con la Defensoría del Pueblo. Y el hecho de que actualmente existan tantos legisladores inmersos (ellos o los líderes de sus partidos) en escándalos de corrupción es una señal de que este despropósito podría ser aprobado.