Editorial: Opacas intenciones

El miércoles, el Consejo de Minería (CM) –un tribunal administrativo adscrito al Ministerio de Energía y Minas– falló a favor de que se apruebe la licencia de construcción del proyecto cuprífero Tía María, gestionado por Southern Perú en Arequipa. La decisión llegó 83 días después de que el organismo plantease la suspensión del referido permiso mientras resolvía sendos recursos de revisión presentados por el Gobierno Regional de Arequipa, el Frente de Defensa de Chucarapi y la Junta de Usuarios del Valle de Tambo.

Como se sabe, el anuncio del CM se dio poco antes de que el Ejecutivo presente su “plan de trabajo” para los próximos meses en Palacio de Gobierno y, dadas las circunstancias, la expectativa era que se plantee un camino claro para que, por fin, se saque adelante el proyecto Tía María, ahora que la controversia en torno a la licencia se ha resuelto. Sin embargo, esto no fue lo que ocurrió durante el discurso del primer ministro Vicente Zeballos.

“Reconocemos la importancia de la inversión privada social y ambientalmente responsable que beneficie a la población local, regional y nacional”, aseguró Zeballos y añadió que “este gobierno no va a imponer el proyecto minero Tía María si no existen las condiciones ambientales y sociales para su desarrollo”. Hasta ese punto, nada distinto a lo dicho públicamente por su predecesor y por el presidente Martín Vizcarra. Lo que llamó la atención fue lo que siguió: el anuncio de que una comisión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) evaluará si las condiciones de viabilidad constatadas en el estudio de impacto ambiental (EIA) siguen vigentes.

En el pasado, el Ejecutivo no ha sido transparente respecto a sus intenciones hacia Tía María y este último hecho no es la excepción. Como se sabe, hace unos meses el Gobierno pasó de conceder la licencia de construcción al proyecto a sostener, en un audio en el que se grabó subrepticiamente al presidente Vizcarra, que se tenía que “preparar el argumento” para anularla. Una situación con paralelos a la manera en la que Zeballos asegura ahora reconocer “la importancia de la inversión privada social y ambientalmente responsable”, pero dispone nuevos procesos de evaluación para un empresa que ya cumplió con todos los requisitos dispuestos por la ley hace más de cinco años.

Y es que ¿qué sentido tiene la participación del OEFA a estas alturas? Como han aseverado múltiples expertos en este y otros diarios, el organismo no puede revisar el EIA de una obra que no está en marcha, ello correspondería al Senace (Servicio Nacional de Certificación Ambiental). Pero incluso en ese caso, como ha dicho el abogado César Ipenza, “ya vencieron los plazos legales para que se revise” dicho documento.

Frente a esto, resulta complicado interpretar la repentina consulta al OEFA como algo distinto a una voluntaria ambigüedad. Desde que la mina en cuestión obtuvo la licencia de construcción, el Gobierno ha dejado clarísimo que no pretende asumir las consecuencias de sacarla adelante, so pena de que se vuelvan a radicalizar las protestas y que esto se termine traduciendo en una caída en la popularidad del mandatario.

No obstante, ‘armar argumentos’ para derrumbar una licencia o establecer nuevas evaluaciones que no vienen al caso para un proyecto de millones de dólares, que ha cumplido con todos los requisitos legales, tiene serias implicancias futuras. Además de la derrota económica inmediata que esto podría suponer, el daño también se inflige a la predictibilidad que debería existir en los trámites que se llevan a cabo con el Estado y a cuánto confía la ciudadanía en este.

Así las cosas, desde este Diario creemos que la propuesta, respaldada por la empresa, de procurar la socialización del proyecto antes de empezar la construcción es apropiada. Pero para que este esfuerzo prospere es básico que el Gobierno sea transparente con lo que pretende lograr y fiel a los procesos que se conducen en su seno. Por el momento, esto no está ocurriendo.