Editorial El Comercio

Hoy el Congreso tiene previsto sesionar para ver la tercera por incapacidad moral permanente contra el presidente . Como , se trata de un documento cualitativamente superior a sus predecesores y que, en buena cuenta, retrata a un mandatario, en el mejor de los casos, condescendiente con la corrupción y, en el peor, partícipe de ella, y dispuesto a usar su poder para protegerse a sí mismo y a sus allegados de la acción de la justicia.

Desde el Gobierno, por supuesto, se ha tratado de esparcir la tesis de que no existen pruebas de corrupción que impliquen al presidente. Esto es sencillamente falso. Las pruebas están ahí para el que quiera verlas y muchas de ellas, además, han sido provistas por personas que hasta hace poco se encontraban muy cerca del jefe del Estado. Estas han venido dando cuenta ante las autoridades y los medios de comunicación sobre diferentes acciones que permiten conocer de primera mano la podredumbre que existe al interior del Ejecutivo. Y la última de todas ha sido el hasta hace 10 días director de la Dirección Nacional de Inteligencia (), .

Entrevistado ayer en Panamericana Televisión, el exdirector de Inteligencia de este gobierno realizó una serie de para el mandatario y su entorno. Dijo, por ejemplo, que uno de los sobrinos del presidente, Rudbel Oblitas, le pidió S/100.000 para frenar la emisión de un reportaje desfavorable para su tío. Que le solicitó, además, medio millón de dólares para contratar a un asesor ruso experto en inteligencia “que le iba a gestionar una donación de US$30 millones”. Y aseguró que él mismo le informó al presidente en persona sobre este y otros actos ilícitos “que venían ocurriendo a través de las personas que él había brindado confianza” y que este, sin embargo, no hizo nada al respecto.

Sostuvo también Fernández Latorre que fue el presidente el que dio la orden de encubrir al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y a su sobrino Fray Vásquez, y que el plan del régimen era sacarlos del país ante los requerimientos judiciales que pesan sobre ambos. Añadió que fue advertido por personal de Inteligencia sobre los cobros que se hicieron a algunos cuadros para beneficiarlos durante los ascensos en las Fuerzas Armadas (un dato que también ha confirmado el ex secretario general de Palacio Bruno Pacheco ante la fiscalía) y que y pruebas para demostrar sus dichos.

El problema para el presidente y su gobierno es que las declaraciones de Fernández Latorre no provienen de cualquier funcionario, sino de alguien que además de ostentar un puesto de poder manejó información sensible y cuyas afirmaciones encajan además con los otros indicios que hemos venido conociendo en los últimos meses sobre episodios de corrupción que salpican al mandatario: las acciones irregulares de sus sobrinos, los ascensos en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional, el encubrimiento a los prófugos de este gobierno, el entramado en Petro-Perú y varios otros.

Y, a su vez, coinciden también con los testimonios que han venido dando otras personas que han formado parte del régimen o que han sido cercanos a él, como el propio Pacheco, el exsubsecretario de Palacio Beder Camacho, el exministro del Interior Mariano González, el médico Fermín Silva y a los que hoy podría sumarse el exjefe de asesores del Ministerio de Vivienda , que debe comparecer ante la Comisión de Fiscalización del Congreso por la denuncia de la empresaria Sada Goray que afirmó que le pagó S/4 millones por pedido del presidente.

No estamos, pues, ante un testimonio cualquiera, sino ante uno que encaja en esta suerte de relato por entregas que tenemos donde quienes fueron funcionarios de este gobierno le van contando al país sobre la corrupción que campea en su interior y de la que fueron testigos o partícipes. Ojalá que los congresistas hayan tomado nota de esta situación, especialmente hoy, cuando tengan que definir la continuidad del presidente.

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