Ayer, después de muchas dilaciones, el Congreso finalmente definió el futuro inmediato de la legisladora María Cordero Jon Tay (no agrupada) al aprobar el levantamiento de su inmunidad para que sea investigada por el Ministerio Público y al suspenderla de sus funciones mientras duren estas pesquisas. Frente a ello, sin embargo, cabe hacer dos precisiones: la primera es que estas medidas solo prosperaron luego de una primera votación en la que fueron desestimadas y la segunda es que no se aprobó una tercera solicitud para que fuera inhabilitada por diez años por haber infringido la Constitución.
Pese a que la representación nacional mostró un ápice de vergüenza al enmendar el blindaje inicial que hubiera permitido que Cordero Jon Tay no fuera investigada por la fiscalía por presuntamente mochar el sueldo de uno de sus trabajadores y que regresara a sus funciones una vez que la suspensión que pesa sobre ella por 120 días tras un informe de la Comisión de Ética por los mismos hechos aprobado por el pleno en diciembre pasado venciera, ello no quita el hecho de que a muchos legisladores se les vio las costuras ayer. Especialmente, a aquellos que en la votación inicial se abstuvieron, no votaron o lo hicieron en contra (provenientes de bancadas como Perú Libre, Acción Popular, el Bloque Magisterial o Podemos Perú), y a quienes quisieron jugar a favor de los intereses de la señalada o matizar las imputaciones en su contra. Sobre lo primero, ahí está el congresista Darwin Espinoza, que intentó postergar la votación afirmando que la congresista Cordero había presentado un certificado de descanso médico (el mismo argumento por el que ya se había pospuesto la sesión el lunes pasado). Y, sobre lo segundo, resalta el caso del parlamentario Edwin Martínez, que en su intervención ante sus colegas les recriminó: “Cuántas irregularidades hemos cometido nosotros como congresistas, ¿a quién se ha sancionado?”.
El caso de Cordero es particularmente espantoso porque existen numerosas pruebas que apuntan a que, en efecto, se habría quedado con parte del sueldo de uno de sus asesores al que había contratado para laborar en la Comisión Especial para el Proyecto Binacional Puyango-Tumbes, del que ella era presidenta. La fiscalía tiene el testimonio de un colaborador eficaz que ha relatado cómo la parlamentaria le pidió a Braden Paredes, entonces trabajador del Archivo del Congreso, que le consiguiera a alguien dispuesto a entregarle parte de su remuneración para que lo contratara en la referida comisión. Tiene, además, los vouchers de los depósitos que este último realizó y conversaciones de WhatsApp que evidencian el entramado.
Además, el programa “Punto final” reveló hace casi un año una serie de audios en los que se escucha a la legisladora increpar a este asesor por no haber cumplido lo prometido, dado que, supuestamente, el trato entre ambos era que le entregase el 50% de su remuneración, de su gratificación, de sus bonos e incluso del monto que se les asigna a los trabajadores del Congreso por concepto de escolaridad, solo por seis meses. “Así como tú tienes cuentas, yo también tengo cuentas, yo también debo”, se le escucha decir a la congresista. “A ti te depositaron ya, ¡vamos al cajero de una vez!”. Este Diario, además, reveló posteriormente conversaciones entre la parlamentaria y el asesor que evidencian que la primera lo utilizaba también como chofer para sus actividades personales e incluso le pedía que le comprara cosas.
Cordero Jon Tay, por cierto, se ha defendido alegando que todo se trata de una “campaña de desacreditación” en su contra y que el Congreso está vulnerando sus “derechos fundamentales y el debido procedimiento”. Nada más alejado de la realidad.
Por todo ello, es saludable que los parlamentarios hayan rectificado la barbaridad que habría supuesto blindar a una de sus colegas, pero, al mismo tiempo, es evidente que lo hicieron solo debido al escándalo que esta decisión había gatillado y no por convicciones genuinas. Y esa es una circunstancia que no debe escapársele a la ciudadanía, especialmente ahora que las denuncias constitucionales contra otros ‘mochasueldos’ empezarán a verse en el hemiciclo.
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