La inmunidad no debe retornar

De la bancada de un partido liderado por un prófugo no pueden sorprender las propuestas que buscan poner a ciertos individuos fuera del alcance de la ley. Esa, como se sabe, es la situación de Perú Libre, cuyo secretario general, Vladimir Cerrón, lleva casi 350 días huyendo de la justicia. El conglomerado congresal de esa organización política, en efecto, ha propuesto y secundado en los últimos años diversos proyectos que persiguen ese propósito, y ahora está detrás de una iniciativa que pretende restablecer un peligroso privilegio del que gozaban antes los miembros de la representación nacional y que costó mucho desterrar.

Presentado por el legislador José María Balcázar y firmado, entre otros, por su colega Kelly Portalatino (ambos en presuntos contactos con Cerrón desde la clandestinidad), el proyecto plantea restituir la inmunidad parlamentaria tal y como existía antes. Esto es, como un escudo que impedía que los congresistas fueran investigados, procesados o detenidos ante la imputación de algún delito, si no había una autorización expresa para ello del Legislativo. Un privilegio que regía incluso en los casos de delitos cometidos en flagrancia. La mentada autorización, además, rara vez era concedida y solo tras un larguísimo ritual de dilaciones y pretextos.

Después de una campaña llevada adelante por distintos sectores de la opinión pública, se consiguió que los principales beneficiarios de ese privilegio –los propios parlamentarios– se avinieran a una reforma que consistió en establecer que, en los casos de delitos que los integrantes del Congreso pudieran haber cometido antes de asumir su mandato, “es competente el juez penal ordinario”. Esto determinó que los procesos a Guillermo Bermejo, Raúl Doroteo o Waldemar Cerrón, por citar ejemplos de la actual representación nacional, no se detuvieran cuando asumieron sus funciones.

Ahora, sin embargo, el cerronismo quiere regresar a la figura anterior, argumentando que así se protegerá a los parlamentarios de cualquier “amenaza” proveniente del Poder Judicial, la fiscalía o la policía. Según el texto, los miembros del Legislativo no pueden someterse a otro poder “que no cuenta con representación democrática”. Como si los jueces, fiscales o policías tuvieran que ser elegidos o nombrados por mandato popular.

Para hacerse una idea de lo peligroso que resulta el proyecto, basta imaginar que, de haber estado vigente cuando Freddy Díaz cometió la violación por la que ha sido condenado, su procesamiento tendría que haber esperado a la venia de sus colegas. Un privilegio, en suma, inaceptable que no debe regresar.