Dejar de lado principios de buen gobierno históricamente aceptados se ha vuelto común. Ello comprende desde líderes caribeños que niegan la existencia de la Revolución Francesa (específicamente, de la división de poderes consagrada por ella) hasta políticos peruanos devotos del culto al conflicto de intereses.
La razón que lleva a nuestros políticos locales a creer que pueden actuar atendiendo a sus intereses personales, cuando la idea opuesta tiene aceptación universal, es un misterio.
Algunos analistas sostienen, por ejemplo, que nuestros políticos desconocerían las pautas básicas de conducta que los rigen. Tal podría ser el caso del congresista Heriberto Benítez, quien parece ignorar que presentar un proyecto para modificar la Comisión de Ética cuando uno será investigado por, oh sorpresa, la Comisión de Ética, no solo no es bacán, sino que además podría percibirse como un acto ligeramente oportunista.
Otros más bien creen que la explicación debe buscarse en la teoría de la relatividad de la ética planteada por el congresista kantiano-nacionalista Gamarra. Así, quienes reciben aportes de campaña de mineros ilegales cuando es simultáneamente un objetivo estatal acabar con ellos considerarían que la situación de esta minería es relativa: ilegal por sus actos, legal por sus chibilines. Que nadie se sorprenda, pues, si vemos a la asociación de froteuristas del Perú como aportante en las próximas elecciones.