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La semana pasada terminó la legislatura en el Congreso y el balance en temas económicos no es positivo. Se han aprobado, por insistencia en muchos casos, normas que incrementan el gasto de manera irresponsable y haciendo oídos sordos a las advertencias del Ejecutivo sobre su alto costo fiscal.
La más onerosa de estas iniciativas es la que otorga un bono de reconocimiento a todos los afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) que hayan migrado a una AFP desde el 2002 o decidan hacerlo en el futuro.
Se calcula que esta iniciativa, aprobada en abril por el Parlamento pese a la oposición del Ejecutivo, demandaría unos S/40.000 millones, y el daño que podría hacer a la sostenibilidad de la ONP es ostensible, dado que el pago de las pensiones depende de los aportes de sus afiliados activos, quienes podrían migrar al Sistema Privado de Pensiones (SPP) atraídos por el bono de reconocimiento que entraría en vigencia en abril del próximo año.
Hasta el momento, el Ejecutivo no ha presentado una acción de inconstitucionalidad contra esta norma, pero se espera que esta legislación forme parte del “paquete de acciones de inconstitucionalidad” anunciado esta semana por el premier Alberto Otárola.
En marzo, el Congreso ya había aprobado otra norma por insistencia que generaba costos a Essalud por S/117 millones, obligando a esta entidad a trasladar a los trabajadores CAS al régimen del Decreto Legislativo 728 y, antes de cerrar la legislatura, dio luz verde al nombramiento automático de docentes que tengan más de tres años contratados e incrementó el sueldo de los auxiliares de educación.
Aunque se espera que el Ejecutivo también observe estas últimas autógrafas, ya hemos visto el nulo efecto que han tenido sus advertencias sobre el impacto negativo que pueden tener estas iniciativas sobre las finanzas públicas y sobre el daño que hacen los nombramientos automáticos a la meritocracia en los sectores de Salud y Educación.
Otro síntoma de esta ineficacia es el hecho de que, en lo que va del año, el Parlamento ha aprobado la creación de dos innecesarios nuevos feriados –el 7 de junio y el 23 de julio–, pese a que el Gobierno también se opuso para evitar el incremento de los costos laborales y la consecuente pérdida de productividad y competitividad para el país.
¿Qué es lo más probable que suceda con las acciones de inconstitucionalidad que ha anunciado Otárola? A juzgar por los fallos del actual Tribunal Constitucional, especialmente el que respecta a la capacidad que tiene el Congreso para aprobar gastos públicos cuando no comprometan el presupuesto del año en curso, lograr que sean declaradas inconstitucionales será un camino cuesta arriba.
El problema es que, mientras los congresistas sigan teniendo todos los incentivos –y ningún límite– para aprobar medidas populistas, el costo fiscal de las iniciativas parlamentarias solo irá en aumento, haciendo cada vez más difícil mantener el delicado y necesario equilibrio presupuestal.
