Háganla simple, por Andrés Calderón

“Hoy, tras BIP años como BIP, BIP se ha convertido en uno de los magistrados con mayor fortuna en el Perú. Desde su ingreso al sistema judicial, su patrimonio se multiplicó, y hoy posee bienes y ahorros bancarios que bordean los S/BIP. El BIP juez ha llegado a poseer una vivienda en BIP, otra en BIP, BIP terrenos en las playas del BIP, un departamento en BIP y otro en BIP…”. 

Este, más o menos, hubiera tenido que ser el texto del reportaje del portal de noticias OjoPúblico, si el magistrado Javier Villa Stein se hubiera salido con la suya en la denuncia que interpuso ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (Ministerio de Justicia), una acusación contra los periodistas autores del reportaje que incluía grabar su voz sin su consentimiento, pese a que Villa Stein sí había accedido a concederles una entrevista. ¿Por qué? Porque los datos personales de cualquier individuo no pueden ser usados sin su autorización. Si la Autoridad de Datos Personales hubiera mantenido aquella peligrosa línea de razonamiento que tuvo en casos anteriores, OjoPúblico hubiera sido multado y su reportaje retirado de la web. Felizmente, en esta ocasión, perdió el secretismo.

Dentro del pedido de facultades legislativas presentado por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, se encuentra la propuesta de crear una Autoridad Nacional de Transparencia y Accceso a la Información Pública, y modificar el marco normativo de la actual Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Me parece una idea estupenda. 

Y no solo porque el haber admitido a trámite la denuncia de Villa Stein, la insólita sanción a Datosperu.org por republicar algo que ya salía en el Boletín de Normas Legales de “El Peruano”, o la alucinante interpretación de que la información pública en Facebook no es pública –entre varias otras perlas– demostraban ya el nefasto funcionamiento que ha tenido la Autoridad de Datos Personales y la total impracticidad de su ley y reglamento. Además –y principalmente– porque era impensable que por, un lado, el Estado tuviera una política de transparencia y acceso a la información pública; y, por el otro, petardeara esos esfuerzos so pretexto de proteger datos personales.

Esa es la madre del cordero y la razón que justifica que haya una sola entidad encargada de estos temas: la información viene en conjunto y no en compartimentos artificiales. Los documentos que administran las entidades públicas, los contratos que celebramos las personas, hasta nuestras conversaciones, vienen en paquete, sin categorías jurídicas irreales que separen la información pública de los datos personales. No tiene sentido, entonces, que haya leyes ni autoridades apartadas para un mismo fenómeno.

¿Qué es lo que se necesita para que sí funcione esta nueva autoridad? Dos cosas principalmente: independencia y simplicidad. Independencia porque supervisará que todas las entidades estatales cumplan con sus obligaciones de transparencia y no oculten información al público. Para ello, necesita estar alejada y protegida de injerencias políticas. (¿Les suena el caso de Valakivi y “Panorama”?)

Simplicidad para no crear burocracia innecesaria ni procedimientos complejos. Esta autoridad debería dar los grandes criterios sobre lo que califica como información pública y aquella que debe ser reservada (incluyendo, datos personales cuando lo ameriten) y resolver los casos complejos y limítrofes, recordando siempre que mientras más personas puedan acceder a más información, se consigue una sociedad más inteligente y democrática.

En conclusión, háganla simple. Lo más probable –como han adelantado algunos congresistas fujimoristas– es que tengan menos de 120 días para legislar.