El lote 192, por Iván Alonso

Quienes nos oponemos a que Petro-Perú opere el lote 192 tenemos, algunos, una razón ideológica. Pensamos que el Estado no se ha creado para desempeñar actividades empresariales, sino para garantizar la paz, la justicia y la seguridad ciudadana. Pensamos, además, que los funcionarios que eventualmente estén a cargo de esas empresas pueden ser muy capaces, pero no tienen los incentivos correctos para calcular bien los riesgos que asumen ni para hacer el mejor uso posible de los recursos puestos a su disposición.

Quienes están a favor tienen también sus propios motivos ideológicos. Creen que existen industrias “estratégicas”, aunque rara vez se tomen el trabajo de explicar cómo se come eso. Creen que la producción de petróleo es una de esas industrias y que, como tal, el Estado debe estar a cargo o de alguna manera participar en ella, a pesar de que la experiencia ha demostrado que las empresas supuestamente estratégicas han servido mejor al país después de haber sido privatizadas.

A esta motivación ideológica se le ha sumado recientemente, en el caso específico del lote 192, un argumento económico. Mejor dicho, un seudoargumento económico. Y dice así. A los precios actuales del petróleo, la operación del lote 192 no sería rentable para una empresa privada, como lo evidencia el hecho de que nadie se presentara a la licitación convocada por Perú-Petro para darlo en concesión por los próximos 30 años. Sin embargo, para Petro-Perú sí sería rentable porque no tendría que pagar los 345 millones de dólares por los activos del lote que se exigía a los postores en la frustrada licitación; ni tampoco tendría que pagar por el uso del oleoducto porque este le pertenece al mismo Petro-Perú.

Cualquier economista que haya comprendido el concepto de costo de oportunidad se dará cuenta de la falacia en la que incurren los defensores del estatismo petrolero. Un costo de oportunidad es lo que uno deja de obtener cuando decide hacer una cosa, en lugar de otra. Tenemos una fábrica que funciona en un terreno valorizado en un millón de dólares: podríamos venderlo y mudar la fábrica a Lurín; alternativamente, podemos mantenerla donde está, en cuyo caso el millón de dólares que sacrificamos se vuelve parte de nuestro costo de producción (aunque el contador no lo registre como tal).

Lo mismo pasa con los costos que Petro-Perú aparentemente no tendría que pagar. Obviamente, al hacerse cargo de los activos del lote 192, no hay necesidad de que Petro-Perú se gire un cheque a su nombre. Pero, por lo mismo, tampoco recibirá el cheque de 345 millones de dólares que le giraría un operador privado. (Que los activos valgan o no valgan esa cantidad es otra historia.)

En cuanto a la tarifa de transporte, es verdad que Petro-Perú no tiene que pagarse a sí misma por usar el oleoducto (su oleoducto) para transportar el petróleo que extraiga del lote 192. La división de producción de Petro-Perú se ahorra así, digamos, dos dólares por barril. Pero ipso facto la división de transporte deja de recibir los dos dólares que sí recibiría si el operador del lote 192 fuese otra empresa.

En otras palabras, el simple hecho de que Petro-Perú sea dueña del oleoducto y de los activos del lote 192 no hace que pueda operarlo a menor costo. No hace, por tanto, que pueda conseguir una rentabilidad allí donde un operador privado no ve más que pérdidas.