Pobres con plata, por Enzo Defilippi

“No soy un hombre rico, soy un pobre con plata”, es la frase de Pablo Escobar que utiliza Alberto Vergara para argumentar que crecimiento económico no implica desarrollo, en una columna publicada en El Comercio el domingo pasado. 

De acuerdo con él, durante los últimos veinte años nuestros gobernantes han priorizado el crecimiento económico bajo la creencia de que la modernización genera, casi espontáneamente, institucionalidad y desarrollo. Y le sorprende que este gobierno siga el mismo camino a pesar de la abundante evidencia de que las mejoras económicas no han generado desarrollo. No entiende por qué el gobierno sigue priorizando la economía cuando lo que el país reclama priorizar es la construcción de un Estado de derecho.

Concuerdo con Vergara en varias cosas. Especialmente, en que el crecimiento económico es insuficiente para generar desarrollo. También que la institucionalidad y el Estado de derecho no son subproductos del éxito económico, y que deben ser prioritarios por sí mismos.

Él, sin embargo, parece creer que no es posible priorizar simultáneamente la economía y la institucionalidad. Que, parafraseándolo, o buscamos que el PBI crezca un punto más o nos decidimos a tener un Poder Judicial respetable. ¿Por qué? El ancho de banda del Estado es limitado, sí, pero alcanza para más de un objetivo estratégico. 

Tampoco estoy de acuerdo con el peso que le otorga a la ideología. Cualquiera que haya tenido responsabilidades de gobierno sabe que la ideología no tiene, ni por asomo, la importancia que él supone, por ejemplo, en la lucha contra la corrupción o la inseguridad. Para eso, lo importante es la gestión. Luego, la gestión. Y, por último, la gestión. 

¿Por qué el gobierno no le mete el mismo punche al desarrollo institucional que a la economía, si como dice él, “somos conscientes de que los grilletes que nos atan al subdesarrollo no están principalmente en la esfera económica”? En principio, porque el gobierno no puede construir institucionalidad con la misma facilidad con la que maneja la política económica. Salvo el presupuesto y uno que otro misil que venga del Congreso, la política económica la decide el Ejecutivo. ¿Tiene el gobierno la misma libertad para reformar el Poder Judicial? No. ¿Para transformar el sistema político? Tampoco. ¿Para construir, a punta de decretos supremos, un Estado de derecho, una mejor democracia, una república justa? Menos. 

Construir institucionalidad requiere una firme voluntad política, pero no basta la del gobierno. Se necesita, al menos, una masa crítica de políticos que hagan política con P mayúscula. Pero ello no va a ocurrir a menos que los ciudadanos demandemos institucionalidad con la misma firmeza con la que hoy exigimos estabilidad macroeconómica. Y allí, en mi opinión, está el error de Vergara: interpretar la frustración de la gente con la corrupción y la inseguridad como una demanda por priorizar la construcción de un Estado de derecho.

¿Es razonable esperar que demandemos Estado de derecho los mismos peruanos que celebramos la criollada, parqueamos donde nos da la gana y a quienes nos interesan un rábano los derechos de los demás? ¿Que exijan institucionalidad quienes eligen al ‘comeoro’ o a la ‘robacable’? Temo que, aun volviéndonos ricos, seguiremos siendo pobres mientras la respuesta sea que no.