La seguridad en los estadios, por Iván Alonso

Puede que no haya sido más que una bravata, una cosa del momento, pero lo que dijo el ministro Urresti la semana pasada sobre la protección policial para el fútbol contiene un núcleo de verdad que él mismo quizá no sospecha. A partir del próximo año, los clubes tendrían que pagar por la seguridad de sus espectáculos. “No voy a sacarlos de las comisarías –a los policías, se entiende– para que vayan al fútbol. Que contraten seguridad particular o a policías en días de franco”.

Esta última sugerencia parecería, más bien, desatinada. Es como si los clubes contrataran a los jugadores, pero los uniformes y los chimpunes, por decirlo de alguna manera, los pusiera el Estado. Además, la mayoría de especialistas en el tema (entre los cuales obviamente no nos encontramos) considera que el llamado sistema 24 por 24 ha resultado contraproducente para la seguridad ciudadana.

Pero el principio general enunciado por Urresti es correcto: los clubes deberían pagar por los gastos de seguridad que los partidos de fútbol demandan. Los clubes, a su vez, pueden aumentar los precios de las entradas para trasladar ese costo a los espectadores, que son los beneficiarios directos de las medidas de seguridad dentro y fuera del estadio.

La seguridad ciudadana es el servicio público por excelencia. Como tal, debe estar al alcance de todos. Idealmente, la policía debería darle a cada miembro de la sociedad la protección que necesita, en el lugar y el momento en que la necesita, contra los actos de terceros que amenacen su vida, su libertad o su propiedad. Los costos que esa protección irroga, para que sea efectiva, deben sufragarse con fondos de la tributación general.

Este principio, sin embargo, debería estar limitado al financiamiento de la protección policial contra hechos que ocurren aleatoriamente, como un secuestro al paso o el robo de una cartera. Pero cuando una actividad en particular genera condiciones propicias para un brote de violencia o criminalidad, nos parece absolutamente lógico que la gente que participa en esa actividad pague, directa o indirectamente, los costos de la protección que en esas circunstancias especiales se le brinda.

Los espectáculos masivos son el tipo de actividad que requiere una protección especial, particularmente aquellos que generan apasionamiento y rivalidad, como un partido de fútbol, o euforia, como un concierto de rock. Las medidas de seguridad que hay que tomar son parte del costo del espectáculo, como lo son la iluminación y el cuidado de la cancha o el montaje del escenario. Todos esos costos deben ser asumidos por los organizadores y trasladados finalmente al espectador. Una parte del precio de la entrada tiene que estar destinada a ese fin.

Nadie sería capaz de negar que son los organizadores los responsables de contratar y pagar por la seguridad privada que consideren necesaria. De la misma manera, deben ser responsables no solamente de gestionar el concurso de la fuerza pública, sino también de asumir el costo de movilizarla. Eso no quiere decir que la policía negocie caso por caso o que publique un tarifario –tanto por efectivo, caballo, escudo etcétera–. Tiene que haber un impuesto a los espectáculos deportivos y –¿por qué no?– también a los artísticos o culturales, cuando el número de espectadores supere la masa crítica que genera problemas de seguridad.