Así se caen los juicios emblemáticos

En los últimos años, la política peruana no se ha definido en las urnas ni en los debates, sino en los tribunales. Decir esto puede sonar a verdad de Perogrullo para quien está enterado de los escándalos judiciales de los últimos cinco años. Sin embargo, es importante no perderlo de vista. Líderes de partidos, congresistas, expresidentes y ex altos funcionarios componen esa relación vergonzosa que nos ubica como uno de los países de la región con más políticos comprometidos en casos de corrupción, que en el sistema de justicia son procesados bajo el rótulo de “casos emblemáticos”.

Un caso emblemático es, por su naturaleza e impacto en la política nacional, un proceso que debe llevarse con especial atención y celeridad. El ciudadano tiene derecho a conocer con prontitud el grado de corrupción de la autoridad política a la que alguna vez le confió su voto. Pero poco se ha hecho por mejorar y hacer más eficaces estos juzgamientos. Por un lado, a la fiscalía se le cuestiona por realizar investigaciones que duran decenas de meses en la acumulación de evidencias. Pero cuando la acusación es finalmente presentada, nos olvidamos de ella y pasa al terreno de nuestro precario Poder Judicial. ¿Están ellos en la capacidad de resolver con diligencia estos grandes juicios?

Lo que viene ocurriendo en el juicio a la red Orellana nos tiene que preocupar a todos. Es una muestra de lo que puede suceder con otros casos emblemáticos, donde hay cientos de testigos y acusados (solo el juicio a Orellana cuenta con 500 testigos; el de Keiko Fujimori tiene más de mil). Hoy, este proceso, que se inició en noviembre pasado, está en riesgo de caerse. O, mejor dicho, de quebrarse. La razón es sencilla: estos casos vienen siendo juzgados como si se trataran de un juicio cualquiera en el país.

Bajo nuestras leyes actuales, un juicio puede quebrarse –es decir, volver a fojas cero– cuando dos jueces de un tribunal se retiran o son cambiados. En el juicio a Orellana, el juez (ponente) Juan Félix Roldán Ponte ya se inhibió.

La inhibición fue presentada en febrero, cuando el juicio llevaba menos de 20 testigos escuchados, al recobrar súbitamente la memoria de haber sido abogado de una de las partes agraviadas en el 2013.

En su reemplazo ha entrado un juez que tiene que encontrar espacios para llevar las audiencias de este megacaso –que implica también a exfuncionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público– junto con los otros juicios que tiene. Lo curioso es que el juez Roldán no se ha inhibido en otro caso también contra la red Orellana (Oncoserv).

De modo que el juicio a Orellana está a un juez de caerse. ¿Qué garantiza que no se repita la historia en otros procesos emblemáticos?