Ser más de lo mismo o sentar las bases de un trabajo que nos devuelva la fe en la clase política. Ese es el dilema del Congreso que pronto entrará en funciones hasta julio del 2021. Serán 16 meses en los que se podría hacer mucho para mejorar la calidad de vida de los peruanos, o seguir tirando toda idea de progreso por la borda.
Algunas bancadas anuncian un “acuerdo por la gobernabilidad” que les dará presencia en la Mesa Directiva y, lo más importante, el manejo de la agenda parlamentaria. Es decir, la definición de los temas que se discutirán durante los próximos meses. Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Podemos Perú reúnen 69 votos y formarán mayoría. No se descarta que en determinados temas se sumen otras bancadas, como el Partido Morado o el Frepap. El fujimorismo correrá solo, priorizando su talante opositor al gobierno. Y el Frente Amplio lanzará sus baterías contra el modelo económico vigente desde 1993. Son las cartas lanzadas hasta el momento, pero no las únicas que estarán en juego próximamente.
¿Qué pasará con el jefe del Gabinete, Vicente Zeballos, cuya actuación es tan criticada? Lo más probable es que reciba el voto de investidura y se mantenga en el cargo todo el tiempo que desee el presidente Martín Vizcarra. Me explico: no hay en la mayoría –ni en las bancadas que miran con expectativa el 2021– el mayor interés en remover a Zeballos. Lo ven como una “carga política explosiva” para el propio mandatario, un riesgo latente al igual que el ministro del Interior, Carlos Morán, promotor de la última cortina de humo del gobierno (“Se va a retirar el resguardo policial a los congresistas”, anunció, aunque todo quede en nada), quien evidenció una vez más que carece de una respuesta efectiva para combatir la delincuencia. Así, la próxima mayoría no los tiene en su mira: no se desgastarían jugando a parecer “obstruccionistas”. Esa pelota se queda dando botes –salvo que estalle un grave escándalo– en cancha de Vizcarra.
Sin embargo, hay otras pruebas que afrontará el Legislativo en breve: definir cuál será su agenda de reforma política pendiente (una prueba de fondo, si aceptan aplicar en la elección del 2021 importantes cambios que habían sido pospuestos hasta el 2026), presentar y debatir –tal como exige la ciudadanía– leyes que refuercen la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado (una prueba de fuego, si nos atenemos a los resultados de la última encuesta de El Comercio-Ipsos). Y también, las normas que pretenden cambiar el modelo económico, tal como han anunciado algunas bancadas minoritarias (una prueba ácida que marcará el inicio de la campaña al 2021). Las próximas semanas serán claves para entender qué podemos esperar –y qué no– del nuevo Congreso.