Martín Vizcarra asumió la presidencia de la República el viernes 23 de marzo tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. (Foto: Archivo El Comercio)
Martín Vizcarra asumió la presidencia de la República el viernes 23 de marzo tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. (Foto: Archivo El Comercio)
Pedro Tenorio

En el océano de corrupción que ahoga al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), buena parte del Ministerio Público y del Poder Judicial, el presidente golpeó primero y golpeó dos veces: a los corruptos, a quienes les declaró la guerra, y a la oposición política (sobre todo fujimorista) que tardó demasiado en reaccionar como debía ante la gravedad de los hechos. Hoy, Gobierno y oposición –matices más, matices menos– aseguran que trabajarán para limpiar la judicatura, por lo que toca saber cómo será ahora este proceso, qué pasos contempla y quiénes deberán encabezar esta cruzada.

Es tal el escándalo que Vizcarra se juega en ello su viabilidad como jefe de Estado. De ahí que su próximo mensaje a la nación desde el Congreso este sábado 28 será fundamental para saber si está a la altura del reto o si su administración se verá desbordada para rechazo de millones de peruanos.

Así, el presidente Vizcarra necesita convencer al país de que será capaz de acompañar este proceso y exigir resultados. La tarea es difícil dado que el principio constitucional de división de poderes le impide tomar acción directa sobre el Poder Judicial. Sin embargo, podrá plantear una agenda e impulsarla ante la opinión pública para desterrar la idea de “borrón y cuenta nueva”, tan afín a nuestras clases dirigentes. El mandatario acertó convocando al Congreso para remover a todos los integrantes del CNM, pero ahora deberá evitar que las recomendaciones que formule la comisión de notables que él convocó –y que conoceremos este 28– terminen en saco roto.

Vizcarra debe mostrar firmeza en la implementación de estos cambios. No puede quedar como comparsa de magistrados y operadores judiciales que deberían ser procesados (y a quienes, que se sepa, no debe favores políticos ni judiciales), ni trabajar sin plazos preestablecidos que le impidan exigir resultados. La opinión pública no lo resistiría. Si Vizcarra marca un derrotero, la oposición seguirá dicho camino porque sabe –y lo escucha a diario– que la calle está caliente. De ahí que Keiko Fujimori no tenga otro camino que no sea sumarse a este esfuerzo.

Si algo nos están enseñando Lava Jato y este escándalo es que debemos trasladar el costo de la corrupción a los corruptos: hoy ser honesto es mucho más oneroso que ser parte del círculo vicioso de la corrupción. Hay más tiempo y recursos invertidos en hacer lo correcto que en pagar por lo bajo y recibir lo que se quiere. Necesitamos una política de delaciones premiadas (que vaya más allá de la actual colaboración eficaz) y sanciones mucho más efectivas que encarezcan la corrupción y la corte de raíz porque si no todo no pasará de una lista de paliativos para volver, en poco tiempo, a lo mismo. Basta ya.