Doblemente aislados: la primera vez que se restringen las visitas conyugales en todos los penales del Perú

El 6 de marzo, luego de que se confirmara el primer caso de COVID-19 en el Perú, el Instituto Nacional Penitenciario cortó el acceso a las visitas en todas las cárceles a nivel nacional . Eso no evitó que las familias siguieran formando filas el fin de semana siguiente. Así que, por unos días, se permitió el ingreso de solo una persona por interno previo lavado obligatorio de manos.

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La ocasión sirvió también para concienciar a los parientes sobre la importancia del aislamiento y pedirles que hablen con los presos y los tranquilicen. Luego de eso toda la comunicación que los internos han tenido con el exterior ha sido vía telefónica, dentro de lo razonable.

“El corte de visitas tiene un impacto fuerte tanto emocional, psicológico, como económico. Porque es a través de las visitas que los internos pueden ver una mejora en su alimentación, en su ropa. El INPE les provee de lo básico”, dice el presidente de la institución, César Cárdenas. Pero había que tener en cuenta lo amplia que es la población penitenciaria vulnerable al virus.

Hasta el sábado pasado, el INPE albergaba a 97.407 reos. Y, muy aparte de que todo aquel privado de su libertad sea susceptible a sufrir de ansiedad y estrés, en las cárceles hay 4.761 adultos mayores y 11.536 personas (incluidos algunos de los adultos mayores) que padecen enfermedades crónicas como diabetes, tuberculosis y cáncer.

Así que, de haber ingresado el virus podría haber tenido consecuencias trágicas para esa población vulnerable. “A le fecha no tenemos ningún positivo”, dice Cárdenas.

En todo el 2019, hubo más de 4, 3 millones visitas en todos los establecimientos del territorio peruano. Normalmente, el penal de Lurigancho puede recibir más de 53 mil visitas en un mes; es decir, más de 1.700 oportunidades diarias, en promedio, para que el coronavirus se cuele.

Hay ingresos, sin embargo, que no se pueden rechazar: los de los nuevos reos. Ellos también tienen que seguir un protocolo sanitario. “En la carceleta les hacemos triajes y entrevistas a los detenidos. Luego, pasan a cumplir la cuarentena en un ambiente especial del penal que les corresponda. Pasado ese tiempo es derivados a un pabellón”, explica el presidente del INPE.

Héroes anónimos

En el INPE trabajan 6.500 personas. Pero dada la cuarentena, la institución está operando solo con 3.320.

Eso obedece tanto a un tema logístico (a quienes continúan yendo se les está trasladando en los vehículos oficiales) como al cuidado de la salud de los trabajadores. Entre los que guardan el aislamiento social hay 100 adultos mayores, madres gestantes y pacientes con cuadros crónicos.

Quienes se mantienen en sus puestos –personal de salud y de seguridad, principalmente–, laboran con mascarillas y alcohol en gel. Sus horarios han cambiado radicalmente. Si antes trabajaban en turnos de 24 horas, como en la PNP, ahora se mantienen dos o tres días seguidos en los centro penitenciarios y descansan otro tanto. “El personal está comprándose la responsabilidad”, dice Cárdenas.

En algunos penales, como Lurigancho, ya se han designado espacios para atender a quienes den positivo para COVID-19 o tengan síntomas sospechosos. En Lurigancho se han instalado carpas en uno de los patios.

Mientras tanto, lo más importante es mantener una higiene sin precedentes. Algo que ha costado mucho porque, más allá de que los internos puedan organizarse para limpiar sus celdas y pabellones, al INPE le costaba encontrar desinfectantes.

“Estuvimos usando el stock que teníamos para los meses siguientes y luego hemos tocado las puertas a las empresas privadas porque era complicadísimo encontrar lejía. Y para hacer compras a través del Estado hay todo un proceso”, comenta Cárdenas.

La semana pasada el Ministerio de Economía y Finanzas dotó al INPE con S/10 millones para la compra de equipos de protección para los internos que lo requieran.

Motines

Mientras dura el aislamiento social, el INPE ha incrementado la cantidad de charlas, actividades deportivas y otras que distraigan a los internos y eviten cuadros complejos de estrés. A pesar de eso, luego de trece días sin visitas comenzaron a producirse algunos motines con intentos frustrados de fuga. Entre el 19 y el 22 de marzo hubo tres en Piura, Lambayeque y Trujillo.

El INPE tuvo que solicitar el apoyo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para reforzar el control externo en algunos establecimientos. En la cárcel de Trujillo, por ejemplo, los amotinados llegaron a hacer un forado en una de las paredes principales del penal.

Como consecuencia del enfrentamiento con las autoridades, murieron dos reos y seis quedaron heridos. Además, once agentes penitenciarios, incluido el director del penal, resultaron lesionados.

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El presidente de la República informó que a la fecha hay 395 casos positivos de coronavirus en el Perú. De ese número, 17 personas se encuentran hospitalizadas y 5 en Unidades de Cuidados Intensivos.

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