Juicio para entrega de píldora del día siguiente en recta final

Violeta Cristina Gómez sabe que, a diario, decenas de mujeres al sur de Lima dependen de ella. Todas, víctimas de la violencia. Dice que su labor como fiscal la ha hecho fuerte, aunque admite que ningún caso la ha impactado tanto como aquel que asumió a inicios del 2013: el de una niña de 12 años, quien había sido violada por un amigo del barrio.

Recuerda que la menor fue trasladada al hospital María Auxiliadora, en San Juan de Miraflores, debido a sus lesiones. Gómez se acercó al centro de salud para tomar su declaración. “Ella no quería quedar embarazada. Nadie en el hospital le informó sobre la píldora del día siguiente. Yo le dije a la familia que, si tomaba este medicamento, evitaría una posible gestación”, cuenta.

Entonces, los padres de la niña solicitaron la pastilla al personal médico, pero estos se negaron a entregarla porque se les había prohibido hacerlo. Pese a sus escasos recursos, la familia optó por comprarla en una farmacia privada. Organizaron una pequeña colecta para conseguir los S/25 que costaba la píldora en ese momento. Este episodio –dice Gómez– fue clave para emprender su batalla judicial.

—No para mujeres pobres—
En el 2009, el Tribunal Constitucional (TC) prohibió la distribución gratuita del anticonceptivo oral de emergencia (AOE) en los centros del Ministerio de Salud (Minsa).

A través de una sentencia, estableció que existía una “duda razonable” sobre la naturaleza abortiva del levonorgestrel (principio activo de la píldora).

El máximo ente constitucional declaró fundada la demanda de la ONG Acción de Lucha Anticorrupción (ALA) Sin Componenda. Esta institución –de corte católico y cristiano– alegó que la vida se iniciaba cuando el óvulo era fecundado, por lo que el uso del AOE afectaría al concebido. [Ver debate en el recuadro]

Sin embargo, la sentencia no prohibió la comercialización de la píldora. El fármaco solo estaría disponible para aquellas mujeres que pudieran pagarlo y no para las más pobres. Para el constitucionalista Samuel Abad, esto representa una “discriminación inadmisible”.

—Batalla en los juzgados—
En su condición de ciudadana, Gómez acudió al Poder Judicial. En julio del 2014, presentó una acción de amparo contra el Minsa para que se redistribuyera el AOE en los centros de salud públicos.

Utilizó la propia sentencia del TC como argumento: el fallo constitucional del 2009 establecía que, si en el futuro había consenso sobre la inocuidad del levonorgestrel, “tendría que cambiarse de posición”. Si bien su solicitud fue rechazada en primera instancia, Gómez apeló la decisión.

A fines del 2015, la Sala Civil de la Corte Superior de Lima ordenó que se admitiera su demanda y que se emitiera una sentencia que determine el carácter abortivo del AOE para su entrega gratuita. El proceso recayó en el Primer Juzgado Constitucional y hoy está a cargo del juez David Suárez Burgos.

“En mayo de este año, fui notificada por este juzgado, el cual se encontraba listo para sentenciar. Han pasado tres meses y aún no se ha pronunciado. Tiene que hacerlo en los próximos días”, dice Gómez. Ella precisa que, durante el proceso, la anterior gestión del Minsa se mostró a favor de redistribuir la píldora, aunque el sector informó que no contaba con el presupuesto necesario para hacerlo.

En entrevista con El Comercio, la ministra de Salud, Patricia García, dijo que estaba analizando el tema, en caso de un fallo favorable para el AOE. Agregó: “Las personas tienen el derecho de elegir, [lo cual] se logra con la disponibilidad de este medicamento para todas”.

—“Una lucha por todas”—
Gómez, quien es acompañada legalmente por la ONG Promsex, espera que el juez Suárez sentencie a su favor; si no, apelará. Incluso, recurrirá de nuevo al TC. “Esta es una lucha por todas: por las peruanas que gastan lo poco que tienen para no quedar embarazadas; por aquella niña que fue violada en San Juan de Miraflores”, dice.

Mientras conversa, su hija de 10 años ríe a viva voz en la habitación contigua. De grande, la pequeña quiere ser arquitecta o cosmetóloga. Y, si en algún momento desea convertirse en madre –aclara Gómez–, podrá elegir libremente.

DEBATE JURÍDICO
Sobre la anidación y la fecundación
El inicio de la vida es parte fundamental en el debate jurídico sobre el AOE. En el 2009, el TC basó su fallo en la teoría de la fecundación, que sostiene que la concepción se da cuando el óvulo es penetrado por el espermatozoide. A partir de allí, existe un concebido sujeto de derecho.

En el 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Artavia vs. Costa Rica, determinó que la vida se iniciaba cuando el óvulo fecundado se implantaba en el útero; no antes. Esta es la teoría de la anidación.

Gómez ha presentado esta última posición jurídica como argumento principal en el juicio que inició para redistribuir la píldora en el Perú.

DATOS

- 40% de las dosis del AOE distribuidas por el Minsa entre el 2006 y el 2009 se entregó en zonas rurales de Ayacucho, Cusco y Ucayali.
- 3 millones de tabletas del AOE se han vendido al año en el Perú, después de la sentencia del TC, según la ONG Promsex

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José Luis Garrido Lecca: “El fallo del TC es definitivo y se basa en evidencia científica”
Presidente de la ONG ALA Sin Componenda

La ONG ALA Sin Componenda demandó al Minsa para que deje de entregar gratuitamente la píldora. Esta entidad se define como “preocupada por el avance del deterioro moral”.

—Existe un proceso judicial para revertir la sentencia dictada por el TC en el 2009.
En nuestro parecer, [ese juicio] ha nacido muerto. El fallo del TC es definitivo y se basa en evidencias científicas, que en esa oportunidad expusieron organismos internacionales.

—¿Quién cree que busca la redistribución de la píldora?
Los perdedores: el Minsa y este grupo de feministas. [...] Nosotros participamos en esto porque vimos indicios de corrupción.

—¿Qué opina de lo dicho por la ministra de Salud, quien señaló que el AOE es una necesidad?
[Ella] tiene una ignorancia supina, porque no ha investigado nada. Que anule la comercialización de las píldoras. La discriminación [al no prohibir la venta] la está haciendo el Minsa.

—Si una mujer no desea tener un hijo producto de una violación sexual, ¿qué opción tiene sin la píldora?
Se le apoya para que no se traumatice. Se protege y se le da aliento a la propia familia. Aquí hay muchas entidades que ya lo hacen. [...] A mí me sorprende el pensamiento único que tienen ustedes. Se preocupan por un padre violador cuando es peor una madre asesina.

Raúl González Montero: “Es violento que se restrinja el derecho a elegir de las mujeres”
Representante de la Organización Mundial de la Salud en el Perú

Desde 1948, la OMS es la entidad que dirige y coordina los lineamientos de salud pública en el sistema de las Naciones Unidas. Su representante en el Perú también es vocero de la Organización Panamericana de la Salud.

—¿Qué opinión le merece el fallo judicial peruano que prohíbe la distribución gratuita de la píldora?
Nosotros no interferimos en los procesos legales de los países. Como punto de vista en salud pública, pensamos que las mujeres tienen derechos reproductivos. Nos parece violento que se les restrinja el derecho a elegir. Por ello, la píldora debe de ser distribuida.

—La actual ministra de Salud ha dicho que es una “inequidad supina” que no se entregue, pero que sí se venda.
Lo que sucede en el Perú es una situación de franca inequidad, porque una mujer con recursos sí puede comprarla y las mujeres pobres están condenadas a ir adelante con un embarazo no deseado. Respaldamos por completo a la ministra.

—Por otro lado, un sector de la población está en contra por factores religiosos.
Es sorprendente que algunos grupos religiosos intenten imponer su creencia al resto.

—El vocero de la ONG que pidió prohibir el AOE dice que una madre asesina, aquella que toma la píldora, “es peor” que un padre violador.
Bueno, ese tipo de opiniones solo demuestran un desprecio absoluto por los demás.