Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho, amenazó con liderar marchas contra el Ejecutivo. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / @photo.gec)
Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho, amenazó con liderar marchas contra el Ejecutivo. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / @photo.gec)
Redacción EC

El abogado de , Humberto Abanto, dijo que el llamado que hizo el gobernador de Ayacucho a marchas contra el Gobierno no fue una amenaza, sino una “advertencia política” al gobierno de Dina Boluarte.

En una entrevista a Canal N, Abanto fue consultado si es que las declaraciones de su cliente podían ser considerados como una “amenaza” contra el Ejecutivo.

“No, yo creo que es una advertencia política”, replicó. Ante la insistencia si es que era una advertencia contra la presidenta ‘si se portaba mal’, agregó: “No, lo que creo es que el señor Oscorima está diciendo una cosa muy clara. Una región muy pobre como Ayacucho y las regiones pobres del país deberían tener mayores recursos”.

En un evento en Ayacucho, el gobernador regional advirtió que si para el 2025 no se transferían más de mil millones de soles de presupuesto a su jurisdicción, encabezaría una marcha regional contra Dina Boluarte.

“Ahora nos toca estimada presidenta, señores ministros, señor ministro de Economía. En el 2025 nuestro presupuesto tiene que superar los mil millones de soles, de lo contrario yo mismo encabezaré las marchas por el pueblo, porque no hay otra forma de lograr salir de la situación de pobreza”, agregó.

Wilfredo Oscorima está siendo investigado por la fiscalía anticorrupción de Ayacucho por supuestas irregularidades en licitaciones de obras relacionadas a los Juegos Bolivarianos del Bicentenario 2024 que se realizarán en esta región.

Asimismo, ha sido incluido en el caso contra Dina Boluarte por el denominado caso Rolex, debido a que el gobernador de Ayacucho le entregó joyas y artículos de lujo, como relojes de la marca Rolex, a la mandataria, sin que ella los declarara en declaraciones juradas.

Producto de este último proceso, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, ha presentado una denuncia constitucional contra la jefa de Estado por presunto delito de cohecho pasivo.