Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, pidió el impedimento de salida del país por 36 meses contra el exministro de Transportes Juan Silva Villegas.
Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, pidió el impedimento de salida del país por 36 meses contra el exministro de Transportes Juan Silva Villegas.
Redacción EC

El fiscal de la Nación, , solicitó al Poder Judicial el impedimento de salida del país por 36 meses contra el exministro de Transportes , como parte de la investigación por la presunta comisión de los delitos de colusión y organización criminal.

MIRA: Betssy Chávez presenta proyecto que plantea “examen psicológico y psiquiátrico” a candidatos al Congreso

Asimismo, pidió el impedimento de salida del país por 9 meses contra los congresistas Raúl Doroteo Carbajo, Elvis Vergara Mendoza, Juan Carlos Mori Celis, Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinoza Vargas e Ilich López Ureña.

Como se recuerda, los parlamentarios son investigados por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado.

MIRA: Kenji Fujimori: audiencia presencial de oralización de audios y videos por presunta compra de votos será el 1 de junio

Semanas atrás Sánchez dispuso abrir investigación preliminar contra el extitular del MTC por el presunto delito de colusión y contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal en agravio del Estado.

La decisión se adoptó en el marco del Caso Puente Tarata - Provías Descentralizado, que involucra al exsecretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco, además de Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, sobrinos del mandatario Pedro Castillo.

En abril pasado, el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Anticorrupción formalizó su investigación por la presunta comisión del delito de colusión agravada en organización criminal.

MIRA: Ministro Montoya justifica que Pedro Castillo no declare a la prensa: “El presidente de Francia estuvo dos años sin dar conferencias”

Esto en relación con el proceso de selección de propuestas para la obra ‘Construcción del Puente Vehicular Tarata sobre el Río Huallaga’, que se otorgó al Consorcio Puente Tarata III, que estaba conformado por la compañía Termirex S.A.C., a la cual Karelim López brindaba supuestos servicios de asesoría.

De acuerdo con la carpeta fiscal, se presume que el presidente de la República, Pedro Castillo, sería el cabecilla de una organización criminal con el propósito de “encontrar proveedores para favorecerlos”.

Eran 13 personas que están siendo investigadas por el Caso Puente Tarata; no obstante, solo siete de ellas tienen orden de prisión preventiva, mientras que a las restantes, incluida Karelim López, se les dictó comparecencia con restricciones.

Contenido sugerido

Contenido GEC