El Perú perdió más de S/ 24 mil millones en el 2021 por corrupción e inconducta funcional

El Perú perdió el año pasado más de S/24 mil millones debido a la corrupción e inconducta funcional en el Estado, lo que representa el 13,6% de su presupuesto devengado o ejecutado. Esto, según estimaciones presentadas este miércoles por el contralor Nelson Shack en una conferencia de prensa.

Del total estimado, S/11.057′470.804 corresponden al gobierno nacional, que durante el 2021 estuvo liderado por Francisco Sagasti (enero-julio) y Pedro Castillo (julio-diciembre). Esto representa el 10,4% de su presupuesto ejecutado.

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En tanto, S/8.842 millones (21,9% de lo ejecutado) corresponden a los gobiernos regionales, y S/4.362 millones (13,9% de lo ejecutado) a los gobiernos locales o municipalidades.

PÉRDIDAS EN EL 2021:

1

Gobierno nacional

S/11.057’740.804

2

Gobierno regional

S/8.842’666.434

3

Gobierno local

S/4.362’827.589

“En el 2021, hemos perdido por corrupción e inconducta funcional más de S/24 mil millones. Para ponerlo en términos gráficos: eso es un poco más de [el presupuesto para] dos carreteras centrales, como las que no tenemos, como las que quisiéramos tener”, comentó el contralor Shack.

Sectores más comprometidos en el gobierno nacional:

1

Transportes y Comunicaciones

S/3.729’740.938

2

Educación

S/2.032’716.895

3

Salud

S/2.008’817.490

4

Agricultura

S/248’829.299

5

Vivienda, Construcción y Saneamiento

S/65’389.251

6

Otros

S/2.871’976.931

Sobre el perjuicio económico relacionado al gobierno nacional, el reporte de la Contraloría General de la República indica que el sector con mayor incidencia es el de Transportes y Comunicaciones con S/3.729 millones. Le siguen Educación con S/2.032 millones, Salud con S/2.008 millones, Agricultura con S/248 millones, y Vivienda, Construcción y Saneamiento con S/165 millones.

La cifra calculada por la contraloría sobre este perjuicio económico al Estado en el 2021 representa un incremento en relación con el monto estimado en el 2020 por el mismo órgano. Ese año, se calcularon pérdidas para el Estado de S/22.059 millones, el equivalente al 12,6% del presupuesto ejecutado.

Asimismo, la contraloría informó que han emitido más de diez mil informes de control el primer semestre del 2022, a partir de los que se hallaron 507 hechos irregulares y un perjuicio económico de unos S/430 millones. Además, se identificó a 2.093 funcionarios con presuntas responsabilidades, sean administrativas, civiles o penales.

En otro momento, Nelson Shack destacó que su gestión ha alertado sobre funcionarios nombrados por el gobierno de Pedro Castillo que no cumplían el perfil adecuado para sus cargos y que, a partir de estos informes, algunas de esas “designaciones irregulares” fueron anuladas.

Sin embargo, mencionó que “actualmente hay más de 160 funcionarios en el gobierno nacional que no cumplen el perfil”. Ante esto, indicó que en lo que resta del año dispondrán acciones de control posterior para “el deslinde de responsabilidades administrativas y penales, según corresponda”.

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Este trabajo, explicó, se hará en coordinación con la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). “La idea es sumar esfuerzos en lograr que los funcionarios sean los más idóneos. No solo que cumplan los requisitos básicos, sino que tengan el adecuado perfil”, comentó el titular de la contraloría.

Al ser consultado por el caso del presunto plagio de la tesis de maestría de Castillo, Shack respondió que el tema no es visto por su institución, pero que en caso de que se compruebe, habría un perjuicio económico al Estado y podría solicitarse al investigado que devuelva el pago que haya recibido en función de ese título.

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Consultado por El Comercio sobre el helipuerto informal construido cerca de la casa de la familia del presidente en Chota, Cajamarca, informó que una comisión de la contraloría en el lugar ya se acreditó para recopilar información.

Shack también informó que la Contraloría General de la República prevé realizar en los primeros tres meses del 2023 un “megaoperativo de control sobre el gobierno nacional”, en el cual intervendrán todos los ministerios y entidades dependientes.

Lee aquí el informe completo

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