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La presidenta Dina Boluarte se sumó el domingo pasado a la lista de políticos peruanos involucrados en denuncias de presunto plagio, al revelarse, en Punto Final, que el 55% del contenido de un libro de su coautoría proviene de fuentes no citadas.
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Hasta el cierre de este informe, este martes, Palacio de Gobierno y la mandataria se mantenían en silencio, durante el lunes la ministra de Educación, Magnet Márquez, prefirió mirar a un costado y no pronunciarse. Quien sí pidió que se investigue fue la titular de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino.
Además de Dina Boluarte, mandatarios, ministros, congresistas y otros líderes políticos han sido acusados de apropiarse de obras ajenas.
La frecuencia de este tipo de revelaciones muestra un relajamiento de las exigencias éticas de líderes políticos y partidos, advirtió el director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta.
“[Hay] un relajamiento de las exigencias éticas de las organizaciones políticas a las que pertenecen; lo cual a su vez se relaciona con la debilidad de los partidos de nuestro país, en particular con su capacidad para filtrar a sus miembros o invitados [...] y una suerte de ´cultura´ proclive a los cartones, títulos y certificados en la vida pública, pero que no va acompañada de calidad en la emisión de estos”.
Samuel Rotta, de Proética
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Pedro Castillo y Lilia Paredes
En mayo del 2022, el entonces presidente Pedro Castillo fue acusado de presunto plagio de su tesis de maestría. Según un reportaje de “Panorama”, el 54% de la tesis de Castillo y su esposa, Lilia Paredes, fue copiado de autores nacionales y extranjeros.
El trabajo académico, titulado “La equidad de género y los aprendizajes significativos del área de personal social en los estudiantes del IV ciclo de la institución educativa N° 10465 Puña - Tacabamba - Chota”, permitió que Castillo y Paredes obtuvieron el grado de magíster en Psicología Educativa en la Universidad César Vallejo, en el 2013.
Pedro Castillo cuestiona informe que acusa de plagio en su tesis.
Un mes después de la denuncia, la citada universidad informó a la Sunedu que la tesis contenía similitudes con otros trabajos académicos no citados.
La casa de estudios explicó que cuenta con el software antiplagio Turnitin desde marzo del 2016. Con ello, dio entender que no pudo validar el trabajo presentado en el 2012.
A la par, la Fiscalía Provincial Mixta de Tacabamba (Cajamarca) inició una investigación contra Castillo y Paredes por el presunto delito de “plagio agravado”.
Ministros en la mira
La identificación del plagio en políticos y autoridades no es exclusivo del Perú, pero sí es un fenómeno más reciente dado que hay acceso a los documentos mediante repositorios institucionales, gracias a la reforma universitaria, explicó el director de Investigación de la Universidad Científica del Sur, Percy Mayta Tristán, en diálogo con El Comercio.
En marzo del 2022, “Panorama” reveló que la tesis de la entonces ministra de Trabajo, Betssy Chávez, presentaría plagios en varios de sus apartados.
De acuerdo con la denuncia, el 49% de la tesis de Chávez, presentada para obtener el título de abogada, contiene coincidencia con otros textos sin que se citen adecuadamente.
Chávez negó irregularidades y Castillo la mantuvo como parte de su entorno. En noviembre del 2022 fue designada presidenta del Consejo de Ministros.
Meses antes, en abril del 2022, “Cuarto poder” denunció que el entonces ministro de Educación, Rosendo Serna, realizó plagios en la tesis que le permitió obtener el grado de doctor en la Universidad Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta.
Aquella vez, Serna admitió “que algunas citas no se han considerado, pero [la tesis] sí tiene originalidad”. Además, dijo que La Cantuta le permitió “una investigación básica” y que “cumplió con todos los requisitos” exigidos por dicha casa de estudios.
Ya en abril del 2023, con Dina Boluarte como presidenta, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Antonio Varela Bohórquez, fue acusado de plagio en su tesis doctoral publicada en el 2020.
‘Panorama’ aseguró que el programa Turnitin arrojó un 54 % de índice de similitud en el trabajo académico del ministro. No obstante, este rechazó renunciar y aseguró que sí respetó el derecho de autor.
Mayta Tristán destacó que el plagio es un problema académico no solo de quien lo comete sino también de los procesos de formación en las universidades y su capacidad de detección.
“Un aprendizaje después de los últimos casos (Castillo y sus ministros) es que Sunedu incrementó la rigurosidad y compromiso de las universidades para la detección del plagio en las tesis”
Percy Mayta Tristán, director de Investigación de la Universidad Científica del Sur
Casos en el Parlamento
En mayo del 2022, “Cuarto poder” denunció presuntos plagios en las tesis de licenciatura y maestría de la congresista Tania Ramírez (Fuerza Popular), presentadas a la Universidad César Vallejo.
El dominical reveló que la tesis de licenciatura de la legisladora tiene similitudes con la de Joel Valle Gil, un estudiante de la misma casa de estudios. Además, detalló que ambas investigaciones académicas se realizaron de manera paralela bajo la instrucción del mismo asesor: Mario Ignacio Farfán Ayala.
Ramírez dijo que fue la primera en presentar, sustentar y publicar su tesis de licenciatura, por lo que dejó entrever que habría sido Valle quien copió partes de su trabajo.
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Y en julio del 2022, “Panorama” aseguró que el legislador Wilson Soto (Acción Popular) habría plagiado su tesis para obtener el título de abogado en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad César Vallejo en el 2012
Según el dominical, Soto copió la introducción y un capítulo entero de un documento de trabajo del exlegislador Juan Carlos Eguren, publicado por el Congreso en el 2009.
"[Hay] un relajamiento de las exigencias éticas de las organizaciones políticas a las que pertenecen; lo cual a su vez se relaciona con la debilidad de los partidos de nuestro país"
Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética
Tantas veces Acuña
Samuel Rotta y Percy Mayta-Tristán precisaron que la identificación del plagio en políticos y autoridades no es exclusiva del Perú.
(Foto: Archivo El Comercio)
En el 2016, el líder de Alianza para el Progreso (APP) y fundador de la Universidad César Vallejo, César Acuña, fue sancionado por la Comisión de Derecho Autor del Indecopi con S/39.500 por el plagio del libro “Política educativa, conceptos, reflexiones y propuestas”, del profesor Otoniel Alvarado.
Ese mismo año, la Universidad de Lima informó que encontró “evidencias de plagio” en una tesis de maestría de Acuña.
Aquella vez, la citada casa de estudios conformó una comisión especial que encontró evidencias de plagio en cuatro modalidades: a) copia literal sin mención de fuente; b) mención de fuente y aparente parafraseo, pero copia literal de los textos; c) mención de fuente y combinación de parafraseo con copia literal; y d) toma de ideas de otro autor sin mención de fuente.
Así respondía César Acuña a las acusaciones de plagio:
Y a finales de julio del 2016, la Universidad Complutense de Madrid informó que una tesis doctoral de Acuña que data del 2009 fue analizada por una comisión de expertos que coincidieron que incurría en “deficiencias e irregularidades”.
No obstante, ese mismo año el Poder Judicial de España decidió archivar el caso de presunto plagio por prescripción del presunto delito.
"En países tan distintos como Rumania, Hungría o Colombia se ha visto casos a alto nivel", señaló Samuel Rotta.
Exjuez César Hinostroza en la lista
En el año 2013, el ahora prófugo exjuez César Hinostroza, investigado por el Los Cuellos Blancos del Puerto, fue acusado por IDL Reporteros de haber plagiado su tesis para el grado de magíster cuando era juez superior titular en el Callao, en el 2003.
Según el informe periodístico, 117 de las 286 páginas (41.6%) del estudio titulado “La confesión sincera en el proceso penal y su tratamiento en el nuevo Código Procesal Penal”, habrían sido copiados de una tesis presentada en 1999 por el entonces bachiller en Derecho, Ángel Fernando Ugaz Zegarra.
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