Joaquín Ramírez fue secretario general de Fuerza Popular. (Foto: Hugo Curotto / Archivo El Comercio)
Joaquín Ramírez fue secretario general de Fuerza Popular. (Foto: Hugo Curotto / Archivo El Comercio)
/ hugo curotto
Redacción EC

El partido informó que el alcalde de Cajamarca, , no es afiliado ni dirigente de dicha agrupación política desde hace varios años.

En un comunicado, la agrupación liderada por señaló que no existe resolución judicial que establezca responsabilidad penal respecto del partido o sus dirigentes.

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“Informamos a la opinión pública que se pretende vincular a nuestro Partido con un operativo realizado por autoridades judiciales y fiscales en la mañana de hoy”, indicó.

“Dejamos en claro que el señor Joaquín Ramírez no es afiliado ni dirigente de Fuerza Popular desde hace varios años. Asimismo, precisamos que no existe resolución judicial que establezca responsabilidad penal respecto de nuestro Partido o sus dirigentes”, agregó.

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Finalmente, Fuerza Popular exhortó a la presidenta a instruir a sus ministros para que eviten participar en conferencias de prensa sobre investigaciones judiciales en curso, pues podría interpretarse que existe un “interés político” del Gobierno y una “injerencia” en la autonomía del fuero fiscal y judicial.

Comunicado de Fuerza Popular. (Foto: Twitter)
Comunicado de Fuerza Popular. (Foto: Twitter)

Este martes el Ministerio Público, con personal especializado de la Dirección de Lavado de Activos (Dirila) de la policía, realizó un megaoperativo para incautar inmuebles y bienes (avionetas) vinculadas a la Universidad Alas Peruanas en Jesús María, San Isidro, Surco e Ica.

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Como se recuerda, el exsecretario general de Fuerza Popular y alcalde de Cajamarca es investigado por los delitos de lavado de activos, delito tributario y fraude en la administración.

Según fuentes de El Comercio, este operativo contra el actual alcalde distrital de Cajamarca se inició a las 5 de la mañana de manera conjunta con la Fiscalía de Lavado de Activos, el apoyo de 40 fiscales y efectivos del escuadrón SUAT.

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La medida que tendrá un plazo de duración de dos semanas fue solicitada por el fiscal de lavado de activos Wilson Salazar Reque y fue aprobada por Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

Según la tesis fiscal, se habría usado a la universidad para crear empresas y convertirse en proveedores de la misma casa de estudios que, actualmente, no funciona pues no cuenta con licenciamiento de la Sunedu.