El proceso por el que Keiko Fujimori cumplió prisión preventiva en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, conocido como el Caso Cocteles, pasará finalmente a su etapa principal, la del juicio oral. En esta, la lideresa de Fuerza Popular no podrá salir del país, según dispuso el juez Víctor Zúñiga el miércoles pasado.
El magistrado impuso 36 meses de impedimento de salida a Fujimori para asegurar su presencia en la fase clave del proceso por lavado de activos y organización criminal.
La misma medida se dictó contra el ex esposo de Fujimori, Mark Vito Villanela, y otros seis acusados: Pier Figari, Jaime Yoshiyama, Adriana Tarazona, Ana Herz, Vicente Silva Checa y José Chlimper.
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En este proceso, el equipo especial de la fiscalía para el Caso Lava Jato asegura que Fujimori y exdirigentes de Fuerza Popular realizaron actos de lavado de activos para ocultar aportes de la constructora brasileña Odebrecht en la campaña presidencial del 2011. En total, son más de 40 acusados.
De acuerdo con el equipo especial, Odebrecht habría abonado más de US$ 1 millón de origen ilícito a la campaña fujimorista.
La acusación fiscal cuenta con más de 13 mil páginas, precisaron fuentes de El Comercio.
Jueces penales tomarán el caso
La fase de control de acusación - etapa previa al juicio oral - culminó el miércoles pasado luego de un año y nueve meses de audiencias a cargo del juez Zúñiga.
ESTA FUE LA ÚLTIMA AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN:
En esa fase, la fiscalía identificó a los imputados, describió los hechos por los que solicitó pasar a juicio y subsanó errores.
El abogado penalista y exprocurador Luis Vargas Valdivia señaló, en diálogo con El Comercio, que “este caso ha demorado año y medio por el número de procesados y porque el juez ha detectado una serie de omisiones tanto formales como sustanciales por parte del fiscal [José Domingo Pérez]”.
Además, durante esa fase, Zúñiga rechazó recursos presentados por Fujimori y otros procesados que buscaban que se archive las acusaciones por el delito de lavado de activos.
Los recursos, técnicamente conocidos como excepciones de improcedencia, fueron sustentados en audiencia por los abogados de Fujimori, Silva Checa, Figari, Herz y otros. El argumento central fue que los hechos que les imputa la fiscalía no califican como lavado de dinero.
Ahora el magistrado remitirá todo a lo actuado para que se designe al juzgado penal colegiado que conocerá el juicio oral. Este estará conformado por tres jueces penales.
Vargas Valdivia estimó que el juicio podría demorar al menos un año debido a la cantidad de procesados. Al inicio, se cumplirá con la etapa de instalación, en la que el juzgado verificará la concurrencia de todas las partes. Luego, la fiscalía presentará los hechos materia de imputación y explicará qué pretende demostrar a lo largo del juicio oral.
Imputaciones
El fiscal Pérez solicitó una pena de 30 años y 10 meses contra Keiko Fujimori en marzo del 2021 por los presuntos delitos de lavado de activos, organización criminal, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
Según la tesis fiscal, la lideresa de Fuerza Popular encabezaría una red criminal que creció al interior de su partido y que estaría dedicada al lavado de activos.
La fiscalía ha determinado que la presunta red se encargó de ocultar financiamiento ilícito mediante falsos aportantes, uno de ellos fue el empresario José Sam Yuen, quien reconoció que además reclutó a otros donantes fantasmas.
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El Ministerio Público también pidió 30 años y 10 meses de prisión contra Pier Figari y Ana Herz, exasesores de Fujimori.
Al menos un testigo protegido señaló a la fiscalía que Figari y Herz recibieron dinero donado por empresarios que no querían aparecer en la lista de aportantes de la campaña presidencial del 2011. Otro testigo señaló que ambos trabajaron “a exclusividad” para el partido fujimorismo, pero sin firmar ningún documento.
En tanto, Pérez solicitó 22 años y ocho meses de prisión para Vito Villanella. Se le acusa de ayudar a su entonces esposa a lavar activos de procedencia ilícita.
Según la tesis fiscal, Vito habría comprado dos terrenos en Chilca y un inmueble en Cieneguilla con dinero presuntamente ilícito.
También se solicitó 30 años y 10 meses de cárcel para Jaime Yoshiyama Tanaka, José Chlimper Ackerman, Adriana Tarazona Martínez de Cortes, entre otros; y 22 años y ocho meses para Carmela Paucará Paxi, Luis Mejía Lecca y otros.
Momentos claves del proceso
En octubre del 2015, la 26° Fiscalía Provincial Penal de Lima inició una investigación a Fuerza Popular por los aportes de la campaña del 2011. Esta se concentró en presuntos aportes fantasmas, luego de que varios “aportantes” negaron haber entregado dinero a ese partido.
Dos años después, en el 2017, con el caso ya en manos del fiscal José Domingo Pérez, se dispuso que la investigación se adecúe a la Ley de Crimen Organizado.
En el 2018, el ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata reconoció aportes por más de US$ 1 millón a Fuerza Popular. También reveló aportes a otros partidos y afirmó que el dinero provenía del Departamento de Operaciones Estructuras de Odebrecht, conocida como la caja 2.
Ese mismo año, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó contra Keiko Fujimori una detención preliminar por 10 días y luego una prisión preventiva por 36 meses.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema redujo la prisión preventiva de Keiko Fujimori a 18 meses en setiembre del 2019.
El Tribunal Constitucional declaró fundado un pedido de hábeas corpus a favor de Fujimori, quien recuperó su libertad en noviembre del 2019. “El TC ha corregido un gran daño en un proceso lleno de abusos”, dijo la lideresa de Fuerza Popular.
Dos meses después de haber sido excarcelada, Keiko Fujimori retornó al penal Anexo de Mujeres de Chorrillos por orden del juez Víctor Zúñiga, quien le dictó 15 meses de prisión preventiva.
En abril del 2020, una sala de apelaciones aceptó el recurso de la defensa de la lideresa de Fuerza Popular contra el mandato de prisión preventiva de 15 meses y ordenó su libertad.
En marzo del 2021, el fiscal José Domingo Pérez presentó ante el Poder Judicial la acusación contra Keiko Fujimori por presunto crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
En junio del 2021, el juez Víctor Zúñiga dio inicio a la etapa del control de acusación contra Keiko Fujimori y otros coacusados por el presunto delito de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
En agosto del 2022, el Poder Judicial declara saneada la acusación fiscal contra Fujimori y otros acusados. Con ello se pasa a la fase del control sustancial.
El juez Víctor Zúñiga rechazó en setiembre del 2022 un primer grupo de recursos presentados por Keiko Fujimori y otros procesados para que archive sus acusaciones por el delito de lavado de activos.
En enero del 2023, el juez Víctor Zúñiga desestimó los últimos recursos (sobreseimientos) con los que las defensas de los más de 40 acusados buscaban que el Poder Judicial archive algunos de los extremos de la acusación.
El 31 de mayo pasado, el juez Víctor Zúñiga culminó, luego de un 1 año y 9 meses, con las audiencias de control de acusación. Además, dictó impedimento de salida del país contra Fujimori y otros acusados.