Es el lema adoptado por Dina y su ‘gabinete de crisis’ (el vocero y asesor Fredy Hinojosa, y los ministros Daniel Maurate, Hania Pérez de Cuellar, Eduardo Arana y Morgan Quero) y que no lo hemos oído en boca del primer ministro Gustavo Adrianzén. Él tiene su propia retórica para decir cosas similares, aunque sin el énfasis presidencial. Adrianzén posa una adusta sobriedad, cejijunta y rara vez sonriente, que lo distancia del estilo más histriónico de Boluarte.
Como refuerzo al gabinete de crisis, sumemos a Juan José Santiváñez, el nuevo ministro del Interior, que haya comparecido ante los micrófonos –en plena emergencia tras la deflagración de gas en Villa María del Triunfo- declarando lo serena y dedicada que anda la presidenta a las tareas del gobierno. No fue iniciativa aislada de Santiváñez, era un plan. Adrianzén también se apersonó el martes, sin variar el ceño, en el lugar del desastre. Y, en una conferencia de prensa, invocó el espíritu del Art.123 de la Constitución que reza que él es el vocero autorizado del gobierno después de la presidenta. Está aprendiendo a discernir cuándo y de qué le conviene ser vocero.
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Dina aprovecha cada presentación en eventos varios, para pronunciar ese lema que saca fuerzas de la calamidad, pero no fue inspirado por las acciones de la fiscalía, sino por el ministro de Economía, José Arista, cuando admitió que el gobierno era ‘definitivamente’ débil. Mientras Boluarte ejercía su retórica de fortaleza, seguía la búsqueda de un reemplazo a Mateo Castañeda, el abogado ya liberado de la detención preliminar, que comunicaba su abandona a la defensa de la presidenta. Castañeda No estaba obligado a hacerlo, pero ero lo conveniente por estar involucrado junto a su ex patrocinada en una hipótesis de obstrucción de la justicia (ver crónica aparte sobre los apuros presidenciales para encontrar narrativas salvadoras). El miércoles debutó públicamente el nuevo abogado presidencial Juan Carlos Portugal.
“La ‘interjudicialización cruzada’ o es la nueva fase de las relaciones entre la política y la justicia. A la vez, hay guerra de poderes entre el Ejecutivo y lo entes autónomos de la justicia, que compensa a la guerra que no hay con el Congreso”.
La jerga constitucional se ha vuelto parte del lenguaje básico del derecho. Los pleitos ‘interjudicializados’ entre los entes autónomos han llegado a través de demandas para dilucidar si los procesos de uno contra el otro son válidos o no. El Poder Ejecutivo ha instruido, a través de la resolución 151-2024-PCM de la PCM, publicada el miércoles, al procurador especializado en temas constitucionales, para interponer sendas demandas contra el Ministerio Público y el Poder Judicial por acciones que implicarían “menoscabo en sentido estricto del adecuado ejercicio de las competencias y funciones de la Presidenta de la República”. El Consejo de Ministros votó para aprobar la resolución, haciendo suya, institucionalmente, la defensa legal de la presidenta ante acciones penales ajenas al gobierno en sí. Menudo debate político y jurídico que se desprende de esto.
Otras guerras de competencias se libraron o se libran en estos días: la JNJ destituyó a la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides y la ex procuradora general María Caruajulca peleó con éxito por su reposición (la renuncia del procurador Javier Pacheco le allanó el camino). La ‘interjudicialización cruzada’ o es la nueva fase de las relaciones entre la política y la justicia. A la vez, hay guerra de poderes entre el Ejecutivo y lo entes autónomos de la justicia, que compensa a la guerra que no hay con el Congreso.
“La defensa de Benavides confiaba en que Marco Tulio Falconí, el último miembro en ingresar a la JNJ, rompería la unanimidad, pero tuvo una lectura equívoca de su pasado político, más de centro que de la derecha que aún ideologiza el caso Benavides.
La contundencia de los 5 votos adversos que quedan con vida en la JNJ, hará muy difícil que Patricia Benavides logré que un amparo del Poder Judicial ordene su reposición. El miércoles, tras una larga exposición de la nueva ponente María Zavala (en reemplazo de la inhabilitada Inés Tello), sus 4 colegas se plegaron a su recomendación de destituir a Patricia y a su hermana Emma, la jueza cuyas tribulaciones ante la fiscalía motivaron –según la tesis de la JNJ- que la ex cabeza del Ministerio Público removiera a la fiscal Bersabeth Revilla.
La defensa de Benavides confiaba en que Marco Tulio Falconí, el último miembro en ingresar a la JNJ, rompería la unanimidad, pero tuvo una lectura equívoca de su pasado político, más de centro (fue congresista por Perú Posible y estuvo cerca de la campaña castillista en el 2021) que de la derecha que aún ideologiza el caso Benavides. La polarización ideológica no desaparecerá con Benavides; será relevada de algún modo por el Ejecutivo en su pleito competencial con la justicia que la derecha acusa de ‘caviarizada’. Adrianzén llevó otro ángulo de ese discurso –aquel de las protestas como obra de violentistas- a Macusani, Puno, donde –quizá no lo sabía- las investigaciones sobre excesos de las fuerzas del orden han avanzado más que en otros lares. Bienvenidos a una nueva fase de la polarización.
