Luis Arce Córdova: PJ ordena levantar su secreto bancario por ‘vladillamadas’

El Poder Judicial (PJ) ordenó levantar el secreto bancario del exfiscal supremo Luis Arce Córdova, a quien se investiga como exintegrante del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la presunta recepción de pagos durante la campaña electoral del 2021 según audios que involucran al exasesor Vladimiro Montesinos.

Igual medida se dispuso también para Guillermo Luis Sendón Guerra y Pedro Gerardo Rejas Tataje.

El plazo de levantamiento de las cuentas bancarias de los implicados será desde el 01 de enero de 2021 hasta el 30 de junio de 2021, según la resolución judicial a la que accedió El Comercio.

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Como se recuerda, en junio del 2021, el líder del partido Frente de la Esperanza, Fernando Olivera, presentó una serie de audios donde se escuchaba a Montesinos darle indicaciones a Rejas Tataje con la finalidad de que se comunique con Sendón Guerra, quien tenía conexiones en el JNE que podrían influir a favor del partido Fuerza Popular.

Arce Córdova, cabe indicar, también se encuentra procesado por presuntas irregularidades en el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto por los presuntos delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito,

Las diligencias

La fiscalía suprema le atribuye a Luis Arce Córdova, en su condición de miembro del pleno del JNE, estar incurso en el presunto delito de cohecho pasivo específico; mientras que Vladimiro Montesinos Torres, Pedro Rejas Tataje y Guillermo Sendón Guerra en la presunta comisión del delito de cohecho activo específico.

Y, según comunicación, se mencionan al procesado Luis Arce Córdova como presunto receptor de una dádiva ilícita, a efectos de favorecer al citado partido político en los recursos de nulidad interpuestos en el contexto de las Elecciones Generales 2021.

“En efecto, el mencionado funcionario público Arce Córdova tendría actuación sobre aquel procedimiento de impugnación, por lo que presuntamente habría aceptado la suma de tres millones de dólares con la finalidad de favorecerlos”, postuló la fiscalía ante el magistrado.

De ese modo, el representante del Ministerio Público acudió el 1 de julio de 2021 a la Base Naval del Callao a fin verificar los ambientes de dicho establecimiento penitenciario y obtener detalles sobre los usos del servicio de telefonía por parte del investigado recluido, Vladimiro Montesinos; en efecto, menciona que dicha sede penitenciaria cuenta con un locutorio donde Montesinos Torres habría mantenido las comunicaciones con contenido ilícito atribuidos a su persona.

Además, según las actas de programación de comunicación telefónica de dicho recinto carcelario, del 31 de mayo al 24 de junio y del 1 de julio de 2021, se advirtió que Montesinos mantuvo comunicaciones con Rejas y Sendón pese a que no se encontraban autorizadas.

Y, del registro de visitas realizadas al JNE se advirtió que Guillermo Sendón acudió a las instalaciones del JNE para entrevistarse con el investigado Luis Arce Córdova con fechas anteriores, es decir, antes de las comunicaciones desplegadas, siendo la más cercana la visita de fecha 15 de febrero de 2021.

Según el Ministerio Público, “esto demostraría la cercanía que tenían los investigados Sendón y Arce”, pues se presume que esta afinidad habría coadyuvado a la presunta acción delictiva.

Sendón, en su declaración ante la fiscalía, indicó que sí conoce hace varios años a Luis Arce, pero que todo lo dicho en los audios “eran una simulación” con la finalidad de hacerse conocido.

Investigación en idónea

Ante estas alegaciones, el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley consideró que la serie de datos y relaciones establecidas, “son suficientes como para considerar la presencia de infracciones a las normativas”. Además, se debe considerar que la investigación está en desarrollo y la naturaleza de la misma exige tener la información bancaria, lo que tiene conexión con el fin de la medida, que es afectar este derecho para obtener este tipo de información, por lo que se cumple con este requisito.

“Con la medida solicitada se busca determinar si los afectados registran operaciones bancarias y/o financieras sospechosas, operaciones que no tengan relación con sus ingresos económicos lícitos, medida dentro del marco temporal materia de investigación”, sostuvo el magistrado en la resolución.

Por ello, dispuso declarar “declarar fundado” el requerimiento de levantamiento de secreto bancario de las cuentas bancarias nacionales, así como de las operaciones financieras y bancarias realizadas a través de las entidades del sistema financiero.