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El Poder Judicial (PJ) analizará el 4 de julio el pedido de la Procuraduría Ad Hoc para el Caso Lava Jato para constituirse como actor civil en el proceso contra la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, por las presuntas irregularidades en el Caso Vías Nuevas de Lima.
Tal como informó El Comercio, en su requerimiento para ser parte del proceso, la defensa del Estado ha solicitado US$267 millones y S/7 millones como monto de reparación civil provisional que Villarán y otros procesados deberán pagar de manera solidaria de ser hallados responsables penalmente.
La exburgomaestre de Lima es investigada por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y negociación incompatible.
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El Poder Judicial declaró improcedente el pedido de la fiscalía para que se dicte impedimento de salida del país contra Villarán, quien, actualmente, afronta el proceso bajo comparecencia.
En esa línea, luego de que el pedido de la Procuraduría fuera trasladado a las partes, el juez Raúl Justiniano Romero señaló fecha de la audiencia virtual para el 4 de julio a las 9:00 de la mañana.
“Solicita a esta judicatura, constituirse en actor civil en el presente proceso, dirigiendo su pretensión sobre Susana del Carmen Villarán de la Puente y otros por la presunta comisión del delito de colusión agravada y otros, postulando así, como monto provisional de la reparación civil la suma de US$267′568,975.17 (doscientos setenta y siete millones quinientos sesenta y ocho mil novecientos setenta y cinco con 17/100 dólares) y S/ 7′349.457 (siete millones trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y siete con 00/100 soles)”.
El caso
Según la investigación fiscal, Villarán habría favorecido a la empresa Odebrecht y al concesionario Rutas de Lima con el Proyecto Vías Nuevas de Lima, como presunta retribución al apoyo económico que recibió en el marco de las elecciones municipales donde fue electa alcaldesa de Lima.
Como representante de la Municipalidad de Lima, habría dispuesto que se cambien cláusulas del contrato y adendas que permitieron el incremento en las tarifas de los peajes.
El caso también incluye a exfuncionarios de la gestión del desaparecido ex alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio.
