Alan García: PJ confirma improcedencia de pedido para incautar celulares

La Sala Penal de Apelaciones Nacional Anticorrupción confirmó la resolución que declaró improcedente el pedido del fiscal José Domingo Pérez para incautar dos equipos celulares del fallecido expresidente Alan García Pérez, como parte de las investigaciones por los presuntos sobornos entregados por Odebrecht a funcionarios por el Metro de Lima.

Para el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, responsable del caso del metro de Lima, la custodia del celular de Alan García y la información que ahí se encuentra resultaría relevante para las investigaciones, en las que han sido incluidos ex funcionarios del segundo gobierno aprista.

El requerimiento de Pérez fue presentado al Poder Judicial en junio pasado, ante un pedido de Alan Raúl García Nores para que el celular regrese a manos de la familia. El hijo de Alan García envió el 23 de mayo un escrito al fiscal para solicitarle la devolución del celular de su padre, incautado por la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Miraflores, el 17 de abril pasado, día de la muerte del ex mandatario en su vivienda en Miraflores.

Sin embargo, el 10 de agosto, el Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria declaró improcedente el requirimiento fiscal. Esta vez, fue rechazada la apelación a dicha decisión.

Según los magistrados, los bienes ya tienen la condición de incautados, debido a que fueron requisados por el fiscal provincial de turno de Miraflores el 17 de abril, fecha en la que murió el exmandatario.

“[El fiscal] ingresó al inmueble objeto de allanamiento e incautación, al haberse producido un hecho de sangre y, de acuerdo a ley, orientó a los efectivos policiales que le apoyaban para que se recojan e incauten los celulares conforme aparece en las actas”, se lee en la resolución.

Para el abogado de la familia del expresidente, Erasmo Reyna, la decisión judicial está convalidando un acto “ilícito”. Según señaló, el fiscal de Miraflores “en ningún momento” efectuó la incautación de los teléfonos, sino “el recojo de lo que pensaba o creía que eran evidencias”.

“No tiene respaldo fáctico porque se invocan hechos que no han sido, como el tema de la incautación por el fiscal de Miraflores, hecho que nunca se produjo, y porque además no hay ningún respaldo jurídico”, dijo a Canal N.

Por tal razón, indicó que están evualando presentar un recurso ante la Corte Suprema para que se haga “una evaluación mucha más objetiva”.