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Nueve días después de que el ex presidente Alan García Pérez solicitara asilo diplomático al mandatario uruguayo, Tabaré Vázquez, argumentando una persecución política, este último se pronunció ayer.
Respondió que su gobierno se tomará “el tiempo que sea necesario” para resolver la solicitud de García, quien permanece desde el 17 de noviembre en la residencia del embajador Carlos Barros.
Vázquez dijo que “no está estipulado” un tiempo para que el país que recibe a un refugiado político, término con el que se refirió a García, se tenga que pronunciar.
—Elementos jurídicos—
El mandatario uruguayo explicó que vienen “estudiando” la información brindada por el Gobierno del Perú, “con todo lo que se está actuando en el ámbito judicial”, así como la “correspondencia” entregada por García y sus abogados.
“La estamos estudiando y actuaremos de acuerdo al protocolo del Tratado de Caracas”, indicó.
Consultado si la resolución será exclusivamente jurídica o tendrá aspectos políticos, Vázquez sostuvo que el tratado respectivo establece que la resolución la toma él en acuerdo con su canciller, y “teniendo en cuenta los elementos jurídicos”.
Por su parte, Luis Lacalle Pou, senador uruguayo por el opositor Partido Nacional, se pronunció en las redes sociales sobre la solicitud de Alan García, señalando que “no se dan los supuestos exigidos para conceder el asilo al ex presidente”.
—El Perú defenderá posición —
Horas después, el mandatario Martín Vizcarra enfatizó que su gobierno defenderá su posición sobre el asilo diplomático pedido por García.
“Nosotros tenemos que defender la posición del Perú y lo hemos dicho por escrito en el informe que hemos presentado al embajador de Uruguay en el Perú”, aseveró el jefe del Estado desde Pucallpa.
Agregó: “Aquí no hay persecución política”. “Esperaremos con tranquilidad”, comentó.
El mandatario prefirió, una vez más, no adelantar si daría el salvoconducto en caso de que Uruguay decida conceder el asilo.
“¿Para qué adelantarnos? Hay que esperar primero que Uruguay tome su decisión”, zanjó.
—Respetarán decisión—
En diálogo con este Diario, el legislador aprista Javier Velásquez Quesquén saludó que el mandatario uruguayo haya remarcado que la resolución será una decisión suya en coordinación con su cancillería y que lo hará “con criterio jurídico” en el marco de la Convención de 1954.
“Con eso disipa cualquier elemento de presión, de estas voces altisonantes del Gobierno del Perú que amenazan, me parece una actitud democrática que respeta la convención”, dijo, a la vez que destacó que se haya dicho que se tomarán el tiempo que sea necesario.
El legislador afirmó que respetarán la decisión de Uruguay en caso de que la resolución no sea favorable al ex mandatario. “Tenemos la absoluta convicción de que va a ser admitida esta solicitud, pero si no fuera así, en ese supuesto negado, evidentemente respetaremos esa decisión”, indicó.
ENTREVISTA
Alonso Gurmendi: “Vizcarra podría decir a Vázquez que este asilo no está bien dado”
Si Uruguay concede el asilo a Alan García, ¿el presidente Martín Vizcarra estaría obligado a dar el salvoconducto?
Bajo el derecho de asilo, una vez que se otorga, la Convención de Caracas es clara en decir que el Estado territorial, en ese caso el Perú, está obligado a emitir el salvoconducto y otorgar las garantías necesarias para que el asilado salga del país.
¿Un presidente puede negarse a dar este documento si está en desacuerdo con el asilo?
Vizcarra podría dar un argumento, sustentado en el derecho internacional, para decirle a Tabaré Vázquez que este asilo no está bien dado. Normalmente no se puede, pero sería posible que para este caso se plantee una controversia internacional alegando que Uruguay no está actuando de buena fe y está abusando del derecho que le da la convención.
¿Qué pasos podría dar Perú para expresar una eventual protesta?
La diplomacia incluye medidas como llamar en consulta al embajador, o retirarlo como señal de protesta. Si la presión diplomática no da frutos, se puede plantear una negociación directa, y si esta no resulta, el Perú tiene a su disposición el Pacto de Bogotá para darle jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia.
