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Desde setiembre del 2017, cuando el fiscal José Domingo Pérez asumió el caso, se han desarrollado diversas diligencias de toma de declaración a investigados, testigos y colaboradores para el caso donde se le imputa presunto lavado de activos a Keiko Fujimori Higuchi.
La investigación, hoy en etapa preparatoria, se ha visto paralizada por las medidas dictadas por el estado de emergencia para afrontar el coronavirus en el país, y solo podrá continuar cuando finalice este periodo. Sin embargo, la investigación ya se encuentra en su fase final, y quedan aún varios meses para que el plazo otorgado por ley termine.
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Hasta el momento, la fiscalía responsable del caso sobre los presuntos aportes falsos de Odebrecht, ha recogido cientos de declaraciones y ha ampliado tanto el número de investigados como de delitos en el proceso. Estas son algunas de las cifras que el equipo especial ha alcanzado durante las investigaciones.
62 investigados
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A lo largo de las pesquisas a cargo del equipo especial, se han incluido 62 investigados en el caso de presunto lavado de activos, donde Keiko Fujimori ha sido sindicada como la cabecilla de la presunta red criminal al interior de Fuerza Popular.
Para la fiscalía, Fujimori encabezó una cúpula, el núcleo duro de la organización delictiva, que estuvo integrada por otros investigados, como Pier Figari, Ana Herz, y Vicente Silva Checa.
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En un segundo nivel se encuentran Jaime Yoshiyama Tanaka y Augusto Bedoya Camere, a quienes se les imputa la captación de los activos ilícitos: US$ 1 millón por parte de la constructora brasileña Odebrecht. Hoy ambos afrontan el proceso en libertad y sus defensas han negado las imputaciones por lavado de activos de la fiscalía.
En el tercer nivel figuran Adriana Tarazona, extesorera alterna de Fuerza 2011, y Carmela Paucará, quien fuera secretaria de Keiko Fujimori. Durante las audiencias de pedido de prisión preventiva en su contra, sus defensas rechazaron las acusaciones del equipo especial. En el caso de Paucará, indicaron que haber encontrado en su domicilio documentos vinculados al presidente Martín Vizcarra y Fuerza 2011 no implica un delito.
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Luego aparecen aquellos a quienes la fiscalía considera como los administradores del dinero ilícito y colaboradores de la presunta red criminal: Jorge Yoshiyama Sasaki, Giancarlo Bertini, Luis Mejía y Erick Matto Monge.
Tras la excarcelación de la lideresa de FP, Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, solicitó a la sala una aclaración sobre las restricciones que se le impuso en la orden de comparecencia con restricciones, por la prohibición de comunicación con otros investigados, como su esposo Mark Vito Villanella. Hasta la fecha, el tribunal no se pronuncia sobre el pedido.
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Este Diario pudo conocer que Vito Villanella se encuentra a la espera de la decisión del Poder Judicial, y continúa permaneciendo en la vivienda de su suegra Susana Higuchi.
En su momento, Loza señaló que mientras no cuenten con una respuesta de la sala, serán “muy respetuosos de la resolución”.
391 declaraciones
Desde fines de 2017, el fiscal José Domingo Pérez ha recogido la declaración de 391 investigados y testigos, quienes aportaron información para las pesquisas.
A través de distintas disposiciones, Pérez ha determinado tomar el testimonio de políticos, empresarios y otros funcionarios, que estarían vinculados con el caso de Keiko Fujimori y los presuntos aportes ilícitos.
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El año pasado, el presidente del directorio de Credicorp Ltd., Dionisio Romero Paoletti, reveló ante el fiscal José Domingo Pérez que entregó US$ 3.6 millones a la campaña presidencial de Keiko Fujimori, en el 2011.
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Ocho años después de efectuado el aporte, Keiko Fujimori reconoció haber recibido de manos de Romero Paoletti US$3,6 millones, entre los años 2010 y 2011, periodo en el que ejercía como congresista de la República.
20 colaboraciones eficaces y 37 testigos protegidos
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Excongresista Rolando Reátegui.
A lo largo de la investigación, unos 20 imputados por la fiscalía se han acogido al proceso de colaboración eficaz, mientras que otros 37 son en la actualidad testigos protegidos en el caso.
Ya han recibido un código de confidencialidad y han declarado ante el despacho del fiscal José Domingo Pérez aportando información y documentación relevante para las indagaciones.
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En el caso de los procesos de colaboración eficaz se requiere que cuenten con la validación del juez de investigación preparatoria para que sus testimonios ingresen a la investigación.
En el caso de los testigos protegidos, no es necesario que su testimonio reciba la aprobación de un juez. Reciben medidas de protección especial a cambio de su declaración.
Sin duda, lo dicho por el excongresista Rolando Reátegui, en calidad de testigo protegido, en el 2018, permitió a la fiscalía confirmar la tesis de la existencia de una presunta red criminal. A fines del año pasado, la fiscalía dispuso levantar la protección de reserva de Reátegui, quien había sido registrado con la clave de identidad TP 2017-55-3.
Su testimonio sirvió para que se dicte por primera vez prisión preventiva contra Keiko Fujimori, y otros. Según manifestó, la cúpula de Fuerza Popular, integrada por Keiko Fujimori, Ana Hertz de Vega, Pier Figari y Vicente Silva Checa, intentó “poco a poco ir copando tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público”.
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De acuerdo a su testimonio, se dieron cuenta que “era necesario tener más jueces y fiscales amigos”, tras “el escándalo” de Joaquín Ramírez, investigado por presunto lavado de activos.
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Otro testimonio que ha resultado clave para las investigaciones es el de Jorge Yoshiyama Sasaki, identificado por la fiscalía como reclutador de falsos aportantes. En noviembre del año pasado, declaró que su tío Jaime Yoshiyama, en la segunda mitad del 2015, le dijo que Keiko Fujimori sabía que Odebrecht había entregado dinero a la campaña de Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular).
1 proceso de extradición
Según la tesis del equipo especial, el empresario habría buscado ocultar dinero de las actividades ilícitas de Odebrecht a través de contribuciones en el partido Fuerza Popular (Fuerza 2011).
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Bertini habría instrumentalizado a un empleado suyo para realizar el depósito de US$500 mil en las cuentas de dicha agrupación como supuestos aportes para la campaña electoral del 2011, tanto a nombre propio como al de personas de su entorno.
El Poder Ejecutivo aprobó en febrero la solicitud de extradición de Bertini Vivanco ante Italia, donde se encuentra prófugo de la justicia desde hace más de un año.
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Sobre el empresario pesa una orden de 36 meses de prisión preventiva desde octubre de 2018, dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado peruano, en el marco de la investigación que se sigue contra Keiko Fujimori.
De acuerdo a la fiscalía, Bertini Vivanco sería un falso aportante a Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular). Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bertini aportó S/171.575 en la campaña del 2011, además fue gerente general de Italia Import Export, la cual figura en la relación de personas jurídicas que aportaron a la campaña de Keiko Fujimori del mismo año.
1 investigado en prisión
En el 2018, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó prisión preventiva para Keiko Fujimori y otros varios investigados en el caso de los presuntos aportes ilícitos.
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Con el paso de los meses, algunos recuperaron su libertad, a través de una apelación en una segunda instancia o mediante el recurso de casación ante la Corte Suprema.
Solo Keiko Fujimori recuperó su libertad mediante un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, pero volvió al penal Anexo de Mujeres de Chorrillos en enero de este año y recuperó nuevamente su libertad hace unas semanas.
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El proceso solo cuenta con uno de los investigados cumpliendo prisión preventiva: Pier Figari Mendoza, exasesor de Keiko Fujimori.
Horas antes de que finalice el plazo de la prisión preventiva en su contra, el juez Víctor Zúñiga Urday ordenó la ampliación de la medida por 12 meses más, a pedido del Ministerio Público. La defensa ha apelado la orden judicial.
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La defensa de Pier Figari se encuentra a la espera de que el Poder Judicial programe la audiencia de apelación a la ampliación de la prisión preventiva.
“Consideramos que la complejidad de la investigación no puede ser cargada a la libertad del señor Figari. La fiscalía tiene derecho a utilizar todo el tiempo que la ley le otorga, pero haber convertido la investigación en extremadamente compleja no puede trasladarse a la libertad del señor Figari”, señaló Aurelio Pastor, abogado de Pier Figari.
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