Alejandro Soto fue elegido como presidente del Congreso el pasado 26 de julio. Se acogió a una ley que lo benefició con la prescripción de un delito en su contra. (Foto: Jorge Cerdán / El Comercio)
Alejandro Soto fue elegido como presidente del Congreso el pasado 26 de julio. Se acogió a una ley que lo benefició con la prescripción de un delito en su contra. (Foto: Jorge Cerdán / El Comercio)
Redacción EC

El presidente del Congreso de la República, (Alianza para el Progreso), votó a favor de Ley 31751, que le sirvió para evitar un juicio en el Cusco por el delito de estafa por el que se pedía más de ocho años de cárcel.

Según informó “Cuarto Poder”, el titular de ese poder del Estado se acogió a la norma aprobada por el pleno el pasado 11 de mayo, con el respaldo de 88 congresistas, incluyendo su voto mismo.

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Dicha ley modificó el código procesal penal y cambió los plazos de la suspensión de la prescripción de los delitos. De este modo, cada delito tiene un plazo determinado de vencimiento.

Esto significa que si el acusado no es condenado en ese plazo, queda libre de toda culpa. Pero la autoridad podía pedir suspender ese plazo por un tiempo determinado de acuerdo a cada tipo de delito, y así evitar que los procesos judiciales queden impunes.

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Ahora, con la ley aprobada en el Congreso, que apoyó Soto y otros 87 legisladores, sólo se puede suspender la prescripción por un plazo máximo de un año, cualquiera sea el delito. Allí el beneficio para todos los congresistas investigados, incluido el propio Soto.

Con la ley anterior, el delito de estafa imputado en dos hechos a Soto debía prescribir en octubre de 2027, pero basándose en la nueva ley, el juez determinó que el caso de estafa prescribió en octubre de 2022, es decir cinco años antes.

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De este modo, Alejandro Soto pudo librarse de todas las acusaciones en su contra y cerrar el proceso sin tener que rendirle cuentas a la justicia.

Además, el pasado 21 de julio el juez Carlos Román Gil aplicó la ahora llamada ‘Ley Soto’ a favor del presidente del Congreso, librándolo de la acusación por estafa y falsedad genérica, y del pedido de cárcel de 8 años y 8 meses.

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Cabe indicar que la empresa Transporte y Turismo Waynapicchu del Cusco lo denunció por delitos de estafa y falsedad genérica. Exige un juicio oral para el pago de la reparación civil, que se calcula en más de 300 mil soles.

Cuarto Poder: informe Ley Soto

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