Congreso: ¿Qué bancadas no fijan posición contra amenaza a la libertad de expresión en dictamen?

El dictamen que otorga facultades al gobierno de Dina Boluarte para legislar en seguridad ciudadana, gestión de riesgo de desastres y otros sería puesto a debate este jueves en el pleno del Congreso. La intención, de acuerdo a fuentes de El Comercio, es cerrar este tema antes de que los parlamentarios vayan a semana de representación.

No obstante, la fórmula aprobada por la Comisión de Constitución, que preside la fujimorista Martha Moyano, aún representa un riesgo para la libertad de expresión, según advirtieron el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y la Asociación Nacional de Periodistas (ANP). Puntualizaron que la última modificación no resulta suficiente.

Por ejemplo, la Comisión de Constitución respaldó que el Ejecutivo modifique el Código Penal para sancionar a aquellos que instiguen el presunto delito de disturbios, “sin afectar las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, así como el derecho de reunirse pacíficamente sin armas u otros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política”.

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Pese a las públicas alertas de los gremios de prensa frente a un texto que se conoce desde la semana pasada, la mayoría de las bancadas del Parlamento, al cierre de esta nota, no ha definido una postura conjunta sobre el polémico artículo.

Al respecto, el portavoz de Fuerza Popular, Arturo Alegría, dijo que este martes su agrupación tendrá una reunión donde analizarán a fondo el dictamen. No obstante, adelantó que es probable que haya un respaldo, porque es Martha Moyano la que preside la comisión que aprobó ese documento. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que se puedan realizar ajustes.

Alegría indicó que una de esas precisiones podría ser respecto a regular la instigación de los disturbios.

“Es importante que esto sea tan específico que pueda garantizar que no se criminalice la libertad de expresión. Esto es materia de evaluación. Creo que podría ser materia de revisión, y lo voy a plantear dentro del Comité Político [del fujimorismo]. Y sería bueno que desde el lado de la prensa puedan evaluar [la propuesta final] y que nos digan si es suficiente o no”, manifestó a El Comercio.

La vocera de Avanza País, Norma Yarrow, indicó que aún no existe un acuerdo en su bancada. Por ello, refirió, por medio de su asesor de prensa, que no podría pronunciarse sobre si respaldarán o no el dictamen que aprobó la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, tal y como está en este momento.

Por su parte, la portavoz alterna de APP, Lady Camones, indicó que la solicitud del gobierno en este punto era inicialmente “muy general”, pero que con “los límites incorporados” por la Comisión de Constitución “son suficientes” para que “no se afecte ningún tipo de libertad relacionada a la información, expresión y difusión de pensamiento”.

“De aprobarse, el Congreso estará vigilante que se cumpla los límites establecidos de la delegación de facultades”, añadió.

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Perú Libre y sus satélites

Una posición similar tuvo el parlamentario Flavio Cruz, de Perú Libre, quien señaló que el partido del lápiz todavía no tiene una postura colectiva.

A título personal, Cruz dijo que él no votará a favor de darle facultades para legislar al gobierno de Boluarte, y no solo por la amenaza a la libertad de expresión, sino por otras figuras cuestionadas.

A su turno, el congresista Guido Bellido, de Perú Bicentenario, también refirió que su bancada no ha evaluado a fondo el dictamen aprobado en la Comisión de Constitución.

“Todavía no hemos analizado, recién vamos a ver [el dictamen]. En cuanto tengamos una posición, la daremos a conocer”, expresó.

El legislador Álex Paredes, del Bloque Magisterial, subrayó que su bancada aún no tiene una postura colectiva, pero a título personal dijo que se deben respetar las normas.

“No todos los que trabajan en medios son profesionales de la comunicación social, y en los últimos tiempos no se necesita tener un título para tener un espacio [en radio o televisión], basta con alquilarlo. Lo que se hace con la libertad de expresión es libertinaje, y no solo adjetivan, sino que daña el honor de las personas”, indicó.

En diálogo con El Comercio, Paredes indicó que no se va a condenar el derecho a la protesta, sino aquellos actos de vandalismo, como “lo que pasó en diciembre”. “Nadie va a avalar que se destruyan locales del Ministerio Público u otras instituciones, o una comisaría, eso no es protesta, eso es delincuencia”, acotó.

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“Es un poco peligroso”

Desde Somos Perú, su portavoz, José Jeri, señaló que la bancada del corazón no ha analizado el dictamen aprobado en la comisión de Moyano aún. Pero, a priori consideran “un poco peligroso” que se deje abierta la posibilidad de que se sancione a periodistas por informar o respaldar una protesta.

“La libertad de expresión no puede verse perjudicada, porque es un derecho universal […] En el pleno también puede modificarse el texto que se someterá a votación”, remarcó a este Diario.

Podemos Perú definirá una postura el miércoles por la mañana, según refirió su vocero, Carlos Zeballos.

“Se le darían las facultades al Ejecutivo siempre y cuando se pueda ver que no se vaya a atentar en contra de la libertad de expresión. Entiendo que quieren recrudecer las penas [de la instigación de disturbios]. El gobierno debe ser claro sobre los medios de comunicación, se les tiene que respetar”, complementó.

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La portavoz alterna de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Ruth Luque, dijo, a título personal, que ella no marcará a favor de aprobar las facultades para legislar del Ejecutivo. Añadió que un gobierno que no ha asumido su responsabilidad política por las casi 50 muertes en enfrentamientos en medios de las protestas, no merece su “confianza”.

Luque consideró que la iniciativa que busca afecta la libertad de expresión “está dirigida a los medios de comunicación de las regiones”. “Han sido los periodistas del interior y de redes sociales los que han dimensionado las violaciones a los derechos humanos [en las manifestaciones] y de las cuales este gobierno es responsable”, acotó.

Solicitarán retiro de polémica iniciativa

El vocero de Acción Popular, Darwin Espinoza, dijo que es probable que su bancada dé las facultades para legislar en seguridad y otros puntos al gobierno de Boluarte. No obstante, observó que ninguna iniciativa debe limitar la libertad de prensa y de opinión. Por ello, adelantó que solicitarán en el pleno el retiro de la propuesta para sancionar a los instigadores de disturbios, que incluye a comunicadores.

“Yo creo que esto ha sido un desliz, un error político del Ejecutivo, quizás involuntario, no ha habido una buena lectura de la situación”, refirió.

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Una postura similar tuvo Esdras Medina, vocero de Unidad y Diálogo, quien adelantó que es seguramente votarán a favor del dictamen, a fin de que el Ejecutivo “pueda articular en todos los sectores que necesita, porque estamos pasando por uno de los momentos más difíciles en seguridad ciudadana”.

Sin embargo, Medina sostuvo que para su agrupación “es fundamental” que se respete la libertad de prensa.

“Una vez que se inicie el pleno y el debate, vamos a pedir que se suprima todo lo que atente contra la libertad de prensa, se puede plantear un texto sustitutorio. Esto debe quitarse de plano”, concluyó.

Este Diario intentó comunicarse con los representantes de Renovación Popular, pero nos respondieron a nuestras llamadas ni mensajes.

La ANP expresa su preocupación

La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Zuliana Lainez, dijo que le preocupa que la mayoría de las bancadas no haya definido una postura sobre un tema tan delicado.

“Para nosotros, lo que ha hecho la Comisión de Constitución es maquillar el pedido de facultades del Ejecutivo, ellos han dicho que ponen candados, pero ellos mismos en su dictamen reconocen que existe una intención del gobierno en sancionar a los que se pronuncien [a favor de protestas] en los medios de comunicación”, cuestionó.

En comunicación con El Comercio, remarcó que “no cabe ningún parche o candado” y que “la mejor forma de conciliar es que se retire” todo ese extremo del dictamen.

Lainez calificó como “cínica” la declaración hecha por el primer ministro, Alberto Otárola, quien el domingo en “Cuarto Poder” dijo que el gobierno afectará la libertad de expresión, cuando desde el Ejecutivo salió la solicitud de facultades donde se “habla claramente de sancionar a instigadores y se incluye a periodistas”.

“Ya existen leyes que sancionan la instigación, lo que quieren hacer es ir más allá, tipificar el delito de manera puntual cuando se trate de comunicadores. Este tema no está zanjado, como ha dicho el premier”, expresó.

La presidenta de la ANP exhortó a los parlamentarios a reflexionar su voto, porque en el respeto a la libertad de prensa “no hay medias tintas”. “Aquí hay un pedido expreso que criminaliza la libertad informativa, se tiene que retire ese extremo antes de aprobar las facultades”, acotó.