Aníbal Torres se salva de la inhabilitación: las claves del caso y la votación en el Congreso

El exprimer ministro Aníbal Torres se libró de ser inhabilitado para ejercer la función pública por 10 años el miércoles último. Esto porque el pleno del Congreso no alcanzó los 67 votos necesarios para aprobar un informe que lo encontró culpable de infringir tres artículos de la Constitución.

La acusación, previamente aprobada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente, solo obtuvo 55 adhesiones en el pleno. En tanto, se registraron 18 votos en contra y 12 en abstención.

Las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Avanza País votaron en bloque por la inhabilitación. En tanto, Cambio Democrático se opuso mayoritariamente, y el resto de grupos votó dividido.

En la votación no participaron los integrantes de la Comisión Permanente por tratarse de una acusación constitucional.

El vocero de Fuerza Popular, el legislador Eduardo Castillo, presentó un pedido de reconsideración de la votación, que está pendiente de verse.

Torres, quien fue primer ministro en el gobierno de Pedro Castillo, fue acusado de infringir los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución Política, sobre el deber de respetar el ordenamiento jurídico y las atribuciones del Consejo de Ministros.

El informe en su contra señaló que realizó sesiones descentralizadas del Consejo de Ministros “sin marco constitucional y legal”.

El documento destacó que las sesiones descentralizadas no se realizaron para aprobar políticas públicas o tomar otras decisiones de gobierno. Torres había señalado que los consejos descentralizados se llevaron a cabo para que “el pueblo se exprese”.

Al exprimer ministro también se le acusó de tener expresiones “contrarias al parámetro del correcto ejercicio, en calidad de funcionario público, del derecho de opinión y libertad de expresión”. Ello porque en agosto del 2022, azuzó a dirigentes de organizaciones sociales a manifestarse en Lima hasta “arrodillar a los golpistas”, en referencia al Congreso.

“Si cada uno con esa energía que tienen, con esa capacidad que tienen, [...] trajeran a Lima 50 personas cada uno, entonces harían arrodillar a los golpistas, los obligarían a que tengamos una Constitución que beneficie a todos los peruanos” , dijo durante una reunión con dirigentes de diversas organizaciones sociales, realizada en Palacio de Gobierno.

La acusación fue sustentada ante el pleno por la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones (Alianza para el Progreso), y Martha Moyano (Fuerza Popular), quien fue la delegada del caso.

Moyano dijo que Torres no pudo enumerar, como parte de sus descargos, los acuerdos que tomó el Consejo de Ministros en las sesiones descentralizadas, pues no se adoptó ninguno.

La legisladora agregó que las sesiones descentralizadas tuvieron objetivos “distintos a los previstos” por ley para el Consejo de Ministros.

El Comercio reveló en el 2022 que las actas de 11 de los 14 consejos de ministros descentralizados organizados en diversas regiones solo muestran agendas e informes escuetos, pese a que fueron sesiones que se extendieron por varias horas.

Además, no se observaron mayores diferencias en la redacción de cada una de las actas.

Torres respondió que las sesiones descentralizadas “no fueron consejos de ministros”.

En tanto, sobre la acusación de azuzar contra el Congreso, señaló que sus declaraciones estuvieron amparadas en el derecho a la libertad de expresión.

“No he transgredido los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución. Por el contrario, he cumplido con el mandato constitucional”, afirmó.

El exprimer ministro aseguró que el informe acusatorio “viola flagrantemente la Constitución y el ordenamiento jurídico”. Y finalmente añadió: “Este informe es una falsía. Tengo que decirle a los autores: ama llulla”.

Torres se presentó ante el pleno del Congreso acompañado del abogado Rafael Sotelo Ojeda, quien fue su asesor en la Presidencia del Consejo de Ministros y en el Ministerio de Justicia durante la gestión de Castillo.

Durante el debate parlamentario, el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) señaló que Torres buscó la censura del Gabinete Ministerial que presidió con el objetivo de lograr la disolución del Congreso.

En tanto, el legislador Alex Flores (no agrupado) cuestionó los argumentos de la acusación contra el exprimer ministro. El parlamentario consideró que la inhabilitación no se justificaba.

“No se puede sancionar solo con la fuerza de los votos. Los que promovieron el ambiente antidemocrático fueron congresistas que no respetaron la voluntad popular”, dijo.

Luego el congresista Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso) señaló que “Torres le hizo daño a la gestión de Castillo”. Y agregó: “No podemos negar la incitación a la violencia en los consejos de ministros descentralizados. Nos tocó vivir momentos de confrontación y violencia verbal”.

El debate parlamentario duró menos de dos horas. Luego se dio pase a la votación, donde la acusación no prosperó.

A nivel judicial, Torres es procesado por el golpe de Estado que dio Castillo en diciembre del 2022.

La fiscalía ha solicitado 15 años de prisión contra el exprimer ministro por el presunto delito de rebelión.

Además, el juez supremo Juan Carlos Checkley le impuso comparecencia con restricciones desde diciembre del 2022, con cinco reglas de conducta. Una de estas es no reunirse con testigos del caso, pero la infringió cuando sostuvo un encuentro privado con el exministro de Defensa Gustavo Bobbio.

Por el golpe de Estado, la fiscalía pidió 25 años de cárcel para Pedro Castillo, la ex primera ministra Betssy Chávez, el exministro del Interior Willy Huerta y el extitular de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez, actual congresista de la República.

Sánchez fue el único integrante de la bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú que votó en abstención por la inhabilitación de Torres.