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La Comisión de Ética Parlamentaria sesiona este viernes para analizar informes de calificación sobre denuncias a referidas a cuatro congresistas. Mientras que a dos de ellos los exonera de una investigación pese a que fueron denunciados por no respetar los protocolos COVID-19, a otros dos propone procesarlos por sus opiniones vertidas en medios de comunicación o en el pleno del Congreso.
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Este Diario accedió a los informes de calificación elaborados por la secretaría técnica de la comisión -presidida por el legislador César Gonzáles Tuanama (Somos Perú, Ucayali)- los cuales serán debatidos este viernes. En dicha sesión, también se deberá tomar una decisión sobre la reconsideración presentada por la legisladora Mirtha Vásquez (Frente Amplio, Cajamarca) contra la votación que archivó la indagación contra el legislador José Luna (Podemos Perú, Lima).
Luna Morales iba a ser investigado por presuntamente incumplir con los aportes a la AFP y ONP de los trabajadores de su empresa. Pese a que el informe de la comisión recomendaba abrir investigación, el caso se archivó por tres votos a favor y cuatro en contra.
Tras ello, la legisladora Vásquez presentó una reconsideración asegurando que el legislador Aron Espinoza, compañero de bancada de Luna, votó a favor del archivamiento del caso pese a que no integraba formalmente la Comisión de Ética.
Además de este tema, existen cuatro informes de calificación que serán debatidos en Ética.
Los posibles salvados
El equipo técnico de la Comisión de Ética revisó los casos de los congresistas Paul García (Acción Popular, Callao) y Cecilia García (Podemos Perú, Lima) y determinó que no existe mérito para investigarlos por no respetar los protocolos COVID-19. En ambos casos, justifican su accionar por su “labor de fiscalización”.
- Denuncian a congresista de Acción Popular ante Comisión de Ética por no respetar protocolos COVID-19
El director del Hospital San José del Callao, Ever Mitta Curay, denunció al congresista Paul García, quien asistió a su institución, el 5 de junio pasado, con varias personas “quienes no respetaron las normas de distanciamiento social señaladas por el Gobierno, procediendo a filmar a los pacientes sin el previo consentimiento de los mismos, vulnerándose de este modo sus derechos”.
“El mencionado congresista ingresó al hospital sin respetar los protocolos, que toda autoridad debe cumplir, y, lo más delicado, es que no respetó las medidas sanitarias, con el agravante de que ingresó junto a un grupo de personas quienes no se identificaron, ni tenían ninguna credencial del Congreso, los que tampoco respetaron el distanciamiento social. Le expresé mi total predisposición de brindarle información que requieran con la finalidad de que cumpla su función, no obstante, el congresista expresó claramente que no quería conversar conmigo”, consignó en su denuncia, Ever Mitta.
En sus descargos preliminares, el parlamentario de Acción Popular alegó que estaba ejerciendo su “derecho de fiscalización a entidades públicas”. “Siempre usé mi mascarilla, lo lamentable es que en el mencionado hospital los fallecidos por COVID-19 no se encuentran aislados”, sostuvo en sus alegatos.
Similar es el caso de la congresista Cecilia García, quien fue cuestionada por una visita al Hospital de Huaycán, el pasado 19 de junio. Según la denuncia, “durante todo el tiempo de su recorrido estuvo alterada y prepotente, negándose a usar el equipo de protección”.
La justificación de la legisladora de Podemos es la misma que utilizó su colega de Acción Popular. “Los actos de fiscalización se realizaron en estricta observación del orden público e interés general de la población, quiénes a no tener respuesta oportuna ante presuntos hechos irregulares recurren a su representante”, señaló ante el grupo de Ética.
Los investigados
Este viernes también se verán otros dos casos, donde el equipo técnico de Ética considera que sí existen méritos para iniciar investigación. Se trata de las denuncias contra los legisladores Gino Costa (Partido Morado, Lima) y Mártires Lizana (Fuerza Popular, Piura) por opiniones emitidas en medios de comunicación y en el pleno, respectivamente.
A Costa lo denunció José Luna, de Podemos, por haber declarado en su contra en el programa “Al estilo Juliana” (Canal 9). “El señor Luna tiene estos cuestionamientos éticos y también tiene investigaciones, él está siendo investigado en el caso Lava Jato por haber ayudado a su padre a canalizar recursos del señor Castañeda, esa investigación está ahí, incluso la fiscalía pidió prisión preventiva para él, la justicia no se la dio pero es un investigado”, dijo Costa en dicho programa.
Para la Comisión de Ética, amerita abrir indagación contra Costa porque no presentó sus descargos y no ha podido desvirtuar la denuncia presentada en su contra.
A Mártires Lizana lo denuncia otro congresista de Podemos: Daniel Urresti. En la sesión del pleno del 3 de julio, mientras Urresti hablaba, se filtró un audio con la frase “no van a matar periodistas”, en alusión al proceso judicial que arrastra por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.
Una indagación realizada por la Dirección Parlamentaria determinó que el micrófono abierto en ese momento era el del legislador Mártires Lizana. En sus descargos, el fujimorista aseguró que “de forma involuntaria se encendió su micrófono, escuchándose parte de una conversación privada, el cual era continuación de una conversación que acaba en “no van a matar periodistas”.
El equipo técnico de la Comisión de Ética concluye que este caso “configuraría por lo menos una abierta contravención al principio ético”.
La semana pasada, el mismo grupo abrió una indagación contra Jhosept Pérez, de Alianza para el Progreso, pero en su caso la filtración del audio fue un insulto al presidente Martín Vizcarra.
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