El congresista Héctor Valer (Somos Perú), en sus pocos más de tres años de gestión parlamentaria, se ha convertido en unos de los representantes con mayor número de episodios polémicos: es uno de los legisladores que más veces cambió de bancada, fue primer ministro en el gobierno de Pedro Castillo (donde se revelaron varias denuncias en su contra), y hoy salta a la luz un hecho repetitivo que involucra a un familiar. Su hija acaba de ser inhabilitada por segunda vez por contratar con el Estado pese a los impedimentos de ley.
Valer fue elegido en 2021 con Renovación Popular -el partido conservador que lidera el actual alcalde Rafael López Aliaga- pero antes de asumir funciones renunció a dicha agrupación (Valer asegura que fue “desinvitado” por el mismo López Aliaga). Una vez instalado en su curul, el legislador por Lima se incorporó a la alianza Somos Perú-Partido Morado, en el que no duró mucho tiempo y dio un giro hacia la izquierda para incorporarse en la bancada Perú Democrático. Esta última incorporación le permitió estrechar lazos con Pedro Castillo, con quien ya se había reunido poco antes de la segunda vuelta presidencial de 2021, donde expresó su apoyo abierto al lápiz.
En febrero de 2022, Valer fue nombrado primer ministro del gobierno de Castillo. Aunque solo duro cinco días en el cargo, pues presentó su renuncia tras revelarse acusaciones en su contra de violencia familiar por su esposa y su hija.
Segunda inhabilitación
Este 2024 otra historia con lazos familiares implica a Valer. El Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) resolvió, por segunda vez en poco más de un año, inhabilitar a Eva Valer Montoya, hija del congresista, por la misma falta: haber contratado con el Estado pese a los impedimentos de ley.
La resolución -a la que accedió El Comercio- está fechada el 3 de junio de 2024. En el documento se resuelve suspender por cuatro meses a Valer Montoya “en sus derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedida conforme a Ley”.
La falta de la hija del congresista Valer recae en la Orden de Servicio N° 2331-2022 del 1 de abril de 2022, emitida por la Municipalidad Distrital de San Borja. El fallo del Tribunal de Contrataciones contiene la copia de una declaración jurada -remitida por la misma municipalidad- donde Eva Valer supuestamente sostiene no tener impedimentos para contratar con el Estado; sin embargo, el mismo informe especifica que dicho documento no contiene el sello de recepción ni las constancias de remisión por correos electrónicos.
También se especifica que se pidió mayor información a dicho municipio sobre la cotización de la hija del parlamentario, pero no se recibió respuesta alguna de la entidad edil. Este Diario intentó recoger comentarios de la municipalidad, pero anotaron que estos hechos correspondían a la anterior gestión.
“A la fecha del perfeccionamiento de la Orden de Servicio [1 de abril de 2022] la Contratista estaba impedida para contratar con el Estado, de acuerdo a lo previsto en el literal h) en concordancia con el literal a) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley N° 30225, pues al momento de la contratación mediante la citada Orden de Servicio la Contratista tenía como padre al señor señor Héctor Valer Pinto, Congresista de la República”, anota el fallo del Tribunal de Contrataciones.
Según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, Eva Valer giró un total de S/ 19,500 en 2022 con la Municipalidad de San Borja. En su cuenta profesional de LinkedIn, Valer Montoya refiere haber trabajado en la entidad edil, entre abril y julio de 2022, elaborando “análisis, informes, coordinación y gestión de asuntos jurídicos inherentes a las funciones de los regidores”. De igual manera, la abogada especifica que, entre 2017 y 2018, fue gerente de Participación Vecinal de la misma administración municipal.
En 2019, Héctor Valer fundó Centro Jurídico Valer, donde su hija Eva Valer figuraba como gerente general. Esta firma fue dada de baja en octubre de 2024 con una deuda ante Sunat de S/ 3,000.
En 2011, Héctor Valer constituyó su firma Centro Juridico Valer & Abogados que fue dada de baja en 2018 con una deuda ante Sunat de S/ 9,000. Su hija, según su propio perfil de LinkedIn, trabajó en esta firma entre 2011 y 2019,
En el Registro de Proveedores del Estado -un portal de acceso público- la hija del congresista Valer tiene anotada las dos sanciones que el Tribunal de Contrataciones del Estado en su contra, además de una alerta sobre su impedimento vigente.
Este Diario intentó comunicarse con la abogada, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de este artículo. Quien nos atendió fue su padre, el congresista Héctor Valer: “No tenía conocimiento respecto a lo que me está diciendo [la segunda sanción]. Ella es abogada de profesión, sabe de las limitaciones de ley que tiene. Si ella ha contratado sabiendo de que no puede contratar con el Estado, lamentablemente es responsabilidad de ella”.
Cuando ingresó al Parlamento en 2021, Valer consignó en su Declaración Jurada de Intereses tener 50 acciones en Centro Jurídico Valer S.A.C., donde su hija Eva Valer figura como gerente general en los registros de Sunat. Desde octubre de 2024, esta firma fue dada como baja de oficio de manera provisional y a la fecha mantiene una deuda coactiva ante Sunat por S/ 3,000 por acreencias a Essalud y ONP. Valer padre tenía otro firma bajo el similar nombre de Centro Jurídico Valer & Abogados, que data del 2011, y también figura con baja de oficio -aunque desde 2018- y con una deuda coactiva en Sunat que supera los S/ 9,000.
Primera inhabilitación
Eva Valer, la hija del legislador de Somos Perú, registra otra inhabilitación cuyo fallo data de febrero de 2023. Esta vez la falta tenía que ver con que el 7 de diciembre de 2021, el Ministerio de Vivienda emitió la Orden de Servicio N° 0003522 a su favor para la contratación del “Servicio Especializado para opinión, revisión y gestión de documentación legal para el área de Asesoría Legal del PNC”, por el importe de S/ 5,666.
“De acuerdo con la normativa vigente, la señora Eva Arascelly Valer Montoya (la Contratista), al ser hija del señor Héctor Valer Pinto, se encuentra impedida de participar en todo proceso de contratación a nivel nacional, incluso a través de personas jurídicas, mientras este último se encuentre ejerciendo el cargo de Congresista de la República y hasta doce (12) meses después de que haya cesado en sus funciones”, dice el fallo del Tribunal de Contrataciones del Estado donde resuelve la inhabilitación de Eva Valer por tres meses.
Eva Valer había girado una orden de servicio con el Ministerio de Vivienda, no solo cuatro meses después de que su padre asumiera como congresista, sino que a los cinco meses de que su padre expresara su apoyo a Pedro Castillo para la segunda vuelta. A esto se suma que el portal Infobae detalló el congresista de Somos Perú y su hija se reunieron con el exjefe del gabinete de asesores del exministro de Vivienda Geiner Alvarado el 3 de setiembre del 2021, apenas cuatro días antes de la emisión de la orden de servicio en cuestión.
Respecto a este punto, el congresista Valer sostiene que su hija nunca fue notificada de este proceso en el Tribunal de Contrataciones del Estado. “Creo que aún está en litigio, hasta presentó una acción de amparo. Una persona que no es notificada, está siendo vulnerada en su derecho al debido proceso. Además, era una contratación continua. Es decir, desde antes que fuera congresista, por lo que no le alcanzaba (el impedimento de) la ley. El trabajo era de 2020″, explicó el parlamentario a este Diario.
Lo último explicado por Valer no tiene lógica, puesto que la orden de servicio fue girada en diciembre del 2021, cuatro meses después de que este asumiera el cargo de parlamentario. En el portal de Transparencia Económica del MEF solo figura un monto facturado por Eva Valer con el Ministerio de Vivienda que data del 2021, mientras que en su LinkedIn no consigna haber realizado trabajo para dicha cartera ministerial.
Luego, Valer añadió que “todos los familiares pueden contratar al amparo constitucional del derecho fundamental al trabajo, como lo ha manifestado el TC en su sentencia Caso Belaunde”.
En el Registro de Proveedores del Estado -un portal público- figura una alerta del impedimento de la abogada Eva Valer, a su vez que se consignan las dos sanciones del Tribunal de Contrataciones del Estado en su contra.