La masacre terrorista se llevó a cabo en Vizcatán del Ene y dejó como saldo 16 fallecidos, entre ellos cinco menores de edad. (Foto: EFE)
La masacre terrorista se llevó a cabo en Vizcatán del Ene y dejó como saldo 16 fallecidos, entre ellos cinco menores de edad. (Foto: EFE)
Redacción EC

El aprobó -por mayoría- otorgarle 120 días hábiles a la encargada de investigar el atentado en el valle de Vizcatán del Ene, ocurrido el 23 de mayo de 2021, con la finalidad de que presente el correspondiente informe final.

La presidenta de dicho grupo especial, Silvana Robles (Perú Libre), dijo que los sucesos ocurridos en la zona “son muy complejos por lo que se requiere un nuevo plazo para llegar a la verdad de lo que sucedió en esa convulsionada zona del país”.

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En ese sentido, la parlamentaria oficialista adelantó que “los indicios encontrados abren diversos abanicos materia de investigación e indagación”.

Luego de la sustentación y de la solicitud realizada, la congresista Susel Paredes (No Agrupados), dio a conocer su apoyo al pedido. Así, la ampliación del plazo fue aprobada por 99 votos a favor, 2 en contra y una abstención.

La formación del grupo de trabajo tiene su antecedente en la aprobación de una moción en el Pleno del Congreso el 12 de agosto del 2021, la misma que fue presentada por el congresista Alex Flores Ramírez (Perú Libre).

En el documento se refiere a los hechos ocurridos el 23 de mayo del 2021, en el que entre tres y cinco sujetos armados dispararon a quemarropa contra otras 20 al interior de los bares ubicados en las orillas del río Chimpinchariato. En total, fallecieron 16 personas, entre ellos cinco menores de edad.

Sobre el particular, existen las versiones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la comisión especial multipartidaria a favor de los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

La primera sindica a Sendero Luminoso y sus huestes como autores de la masacre; y la segunda refiere en su oficio, presentado el 14 de julio del año pasado, que hay dudas sobre los hechos, y que se requiere investigación, además del Ministerio Público, del propio Congreso de la República.

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