Como se recuerda, el exministro de Transportes y los seis legisladores son investigados por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por el Caso Tarata. (Foto: El Comercio)
Como se recuerda, el exministro de Transportes y los seis legisladores son investigados por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por el Caso Tarata. (Foto: El Comercio)
Redacción EC

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó para el 2 de junio, a las 10:00 horas, la audiencia de impedimento de salida del país por 36 meses contra el exministro de Transportes y Comunicaciones.

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El exfuncionario es investigado por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por la presunta comisión de los delitos de colusión y organización criminal.

En esa misma fecha el tribunal también evaluará el requerimiento fiscal por nueve meses contra los congresistas Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Flores, Jhaec Espinoza e Ilich López.

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Los parlamentarios también son investigados por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de tráfico de influencias agravado.

Semanas atrás Sánchez dispuso abrir investigación preliminar contra el extitular del MTC por el presunto delito de colusión y contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal en agravio del Estado.

La decisión se adoptó en el marco del Caso Puente Tarata - Provías Descentralizado, que involucra al exsecretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco, además de Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, sobrinos del mandatario Pedro Castillo.

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En abril pasado el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Anticorrupción formalizó su investigación por la presunta comisión del delito de colusión agravada en organización criminal.

Esto en relación con el proceso de selección de propuestas para la obra ‘Construcción del Puente Vehicular Tarata sobre el Río Huallaga’, que se otorgó al Consorcio Puente Tarata III, que estaba conformado por la compañía Termirex S.A.C., a la cual Karelim López brindaba supuestos servicios de asesoría.

De acuerdo con la carpeta fiscal, se presume que el presidente de la República, Pedro Castillo, sería el cabecilla de una organización criminal con el propósito de “encontrar proveedores para favorecerlos”.

Eran 13 personas que están siendo investigadas por el Caso Puente Tarata; no obstante, solo siete de ellas tienen orden de prisión preventiva, mientras que a las restantes, incluida Karelim López, se les dictó comparecencia con restricciones.

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