Congreso: ¿qué temas deben priorizar las comisiones de Constitución, Economía, Defensa, Trabajo y Justicia?

Por Francis Allison, alcalde del distrito de Magdalena del Mar 

El Congreso debe dar prioridad a la aprobación de la iniciativa legislativa presentada por el Poder Ejecutivo, mediante la cual se busca crear la policía de orden y seguridad. 

No se trata de una nueva policía, sino de agregar un nuevo nivel a la ya existente estructura policial, de modo que dicha institución contaría con tres niveles: oficiales, suboficiales y policía de orden y seguridad. Su formación será en 12 meses, por lo que se espera incrementar, bajo esta modalidad, de cuatro a seis mil efectivos cada año. 

El plazo de formación no es corto si consideramos que su principal función es el patrullaje de nuestras calles. Es decir, su labor es básicamente preventiva, debido a que los delincuentes rara vez cometen delitos donde hay presencia policial.

Si bien el número de policías por habitante que existe en el Perú no es bajo, respecto al promedio de los países de la región, no cabe la menor duda de que ello no se percibe en la vía pública, debido a que rara vez nos encontramos con un uniformado cuando transitamos por ella. Justamente es esto lo que se pretende corregir con la referida iniciativa legislativa.

Esta medida, por sí misma, no resuelve el grave problema de inseguridad ciudadana que vivimos. Sin embargo, debe entenderse como parte de una estrategia mayor en la lucha frontal contra aquellos que le han robado la paz y tranquilidad a nuestra sociedad.

Por Carlos Hakansson, profesor de Derecho Constitucional 

La Comisión de Constitución y Reglamento debe analizar el contenido de los proyectos de reforma constitucional que se presenten. El retorno del Senado y la renovación parlamentaria a mitad de mandato, entre otras propuestas, fueron mencionadas por la jefa del Estado durante su mensaje anual a la nación. 

El problema es el tiempo, pues los procedimientos de aprobación por el pleno deben culminar antes que finalice el mandato de los integrantes de la comisión. Lo que los operadores políticos no logren durante los seis primeros meses de gestión será más difícil culminarlo en el plazo restante. Se necesitan 87 votos en dos legislaturas ordinarias sucesivas.

El trabajo de las comisiones parlamentarias conformadas es de corta duración. Un año de labor resulta poco tiempo para aprender del oficio y especializarse en un sector de la administración pública que fiscalice con competencia al gobierno, además del impulso político para la aprobación de proyectos de ley. 

Si la labor de una comisión es capaz de aprobar cuatro o cinco proyectos de ley en un año, será el logro de un buen desempeño. Sin embargo, la rotación anual de sus integrantes no favorece la especialización en sectores como trabajo, educación, economía, producción, por ejemplo; tampoco la posibilidad futura de conducir un ministerio gracias a su experiencia política en estos grupos parlamentarios.

Por Marisol Pérez Tello, excongresista y exministra de Justicia

Nuestro país es una república de papel: sobran leyes, falta justicia. Hay que empezar por los más débiles, el Plan Nacional de Derechos Humanos reconoce la ineficiencia del Estado y la desigualdad, y cómo esta agrava la situación de los grupos de especial protección. Se necesitan coordinación y fiscalización.

Un juicio de alimentos es difícil para una madre que trabaja, y lo es más para una dependiente económicamente de quien no provee los alimentos. Esa sería mi prioridad. Enfrentamos un problema de seguridad transversal desde el populismo penal y la violencia, ese no es el camino. Debe atenderse las dificultades de un sistema de justicia que conoce sus necesidades, pero que no tiene los recursos.

La Autoridad Nacional de Transparencia tiene que estar por encima de los ministerios, tener presupuesto y facilitar la denuncia para acabar con la corrupción.

Las prioridades son claras, responden a la pregunta: ¿Cómo resuelvo desde la justicia los problemas de la gente? Si la ley no se cumple o no sirve, se resquebraja el Estado de derecho y con eso la seguridad jurídica. Sin ella, no hay inversión y, por lo tanto, no hay dinero. El crimen organizado gana terreno donde no se cumple la ley, mina la moral pública y la credibilidad de las instituciones.

Sin justicia se acaba la esperanza, volvemos a la justicia en mano propia. Tienen mucho trabajo, hay que ocuparse en hacer lo que el Perú necesita con trabajo, honestidad, entrega y compromiso.

Por Ana Maria Choquehuanca, presidenta de la Asociación Nacional PYME Perú

El bajo crecimiento está pasando factura, especialmente a la población más vulnerable, miles de microempresas y pequeñas empresas y familias que dependen de la actividad productiva, turística, comercio, entre otros.

Dos planteamientos urgentes que se deben considerar en la Comisión de Economía son los referidos a brindar condiciones para la actividad empresarial, e impulsar mecanismos para la reactivación de las mypes.

La actividad empresarial requiere instituciones que cumplan su rol. Los empresarios que pagamos las contribuciones a Essalud nos preguntamos: ¿Cómo es posible que esta entidad no cuente con una gobernanza que le permita realizar su labor de prestar atención médica oportuna a millones de asegurados? Es prioritario que la Comisión de Economía impulse la gobernanza de Essalud a través de la aprobación del PL 4883/2022-CR.

La comisión también debe impulsar el PL 2711/2021-CR, que busca promover el retroarrendamiento financiero para la reactivación económica y liquidez financiera de las microempresas y pequeñas empresas.

Otro tema que los congresistas deben actuar es acerca de la necesidad de detener el abuso de algunos funcionarios municipales cuando sancionan con el cierre de establecimientos. ¿No se dan cuenta de que las empresas formales requieren que los municipios se conviertan en sus socios estratégicos para crecer? Finalmente, planteamos la importancia de impulsar el acceso de las mypes al mercado de las compras públicas. Está comprobado que se generarían efectos inmediatos para la reactivación de las mypes productivas.

Por Miguel Jaramillo, investigador principal de Grade

El problema central del mercado laboral peruano es la pobre calidad de los empleos, asociada a la vasta informalidad que lo caracteriza. En este contexto, las iniciativas deberían orientarse hacia crear condiciones para que se genere empleo de calidad, esto es, empleo formal.

Es más sencillo empezar por lo que no se debe hacer, en esta dirección. No se deben crear más feriados, que no benefician, sino perjudican a la mayoría de trabajadores. No se deben regalar más privilegios a los trabajadores que ya tienen un empleo formal y que hacen menos probable que otros trabajadores accedan a un empleo formal, con derechos.

Por el contrario, se deben priorizar iniciativas que hagan menos onerosa la contratación formal. En esta dirección, se debe avanzar en simplificar la normativa laboral. No es razonable esperar que una pequeña empresa conozca, menos aún cumpla, las casi 2.000 páginas de normas laborales. 

Entonces, una prioridad debe ser reducir esta carga regulatoria: simplificar. Plantearse una meta en esta dirección enviaría un mensaje potente y positivo a los empleadores. Asimismo, normas que limiten la capacidad de los órganos implementadores de generar procedimientos complejos y onerosos para el cumplimiento de las normas también contribuirá a este fin. 

Finalmente, para el largo plazo la reforma del sistema de pensiones es un tema crucial. Más aún, debería empezar a considerarse cómo desligar el acceso a la protección social de la condición laboral.