Los proyectos piden anular las pensiones vitalicias y los beneficios aprobados por la Mesa Directiva del Congreso a favor de expresidentes de la República. (Foto: Congreso)
Los proyectos piden anular las pensiones vitalicias y los beneficios aprobados por la Mesa Directiva del Congreso a favor de expresidentes de la República. (Foto: Congreso)
/ Victor Vasquez
Redacción EC

Los fiscales del subsistema de derechos humanos del cuestionaron el proyecto de ley que restringe los alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, y “exigieron” al que respete los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

En su pronunciamiento difundido este viernes 14 de junio, los fiscales del Subsistema Especializado en Derechos Humanos e Interculturalidad se dirigen a la ciudadanía para expresar su rechazo al dictamen que fue aprobado en primera votación por el pleno del Legislativo porque advierten que afectaría investigaciones y procesos penales a cargo de sus despachos.

También la acusan de ser “manifiestamente incompatible con los estándares internacionales en materia de derechos humanos desarrollados por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y, por ende, de observancia obligatoria para los Estados que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales de carácter regional y universal, como el Perú”.

En esa línea, los fiscales exigen al Congreso el “respeto irrestricto” de los estándares internacionales en materia de derechos humanos que establecen que en estos delitos no proceden amnistías, prescripciones o exclusiones de responsabilidad penal.

El proyecto de ley impulsado por bancadas como Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Honor y Democracia así como APP busca precisar que, como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional fue aprobado recién el 1 de julio 2002; y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad el 9 de noviembre de 2003, respectivamente, los delitos cometidos antes de esas fechas “prescriben en los plazos establecidos en la ley nacional”.

Para los fiscales de derechos humanos, este proceder afectaría casos pendientes que están en investigación como son Madre Mía, Humaya Chambara, Lurigancho, entre otros. Asimismo, otros en etapa de juicio oral como Huanta 84, El Frontón, Universidad del Centro, Barrios Altos y El Santa, Soras, Accomarca.

Finalmente, afectaría otros casos que ya tienen sentencia como Chumbivilcas, Cabitos 1983, Santa Bárbara, Martín López Rimachi, Leonor La Rosa y otros.

“La aplicación de la figura de prescripción por hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional significaría no solo una grave situación de impunidad, sino también un menoscabo a la labor persecutora del Ministerio Público”, advierten.