FP también plantea imprescriptibilidad de delitos de corrupción

Dos semanas después de que el Poder Ejecutivo presentara al Congreso su proyecto de ley para implementar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción cuando sean cometidos por funcionarios públicos, ha llamado la atención que la bancada de Fuerza Popular haya planteado una iniciativa legislativa similar.

El proyecto de ley del Ejecutivo propone modificar el artículo 41 de la Constitución Política del Perú. Actualmente, este señala:

--Propuesta del Ejecutivo--
La iniciativa recibida en el Congreso el 21 de octubre lleva las firmas del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y el jefe del Gabinete, Fernando Zavala. Modifica específicamente el cuarto párrafo del citado artículo en los términos siguientes: “El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra la administración pública. La ley establece la imprescriptibilidad de estos cuando sean cometidos por funcionarios o servidores públicos”.

En la exposición de motivos, el proyecto destaca que las Constituciones Políticas de países como Venezuela, Ecuador y Bolivia establecen la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de funcionarios.

--Propuesta fujimorista--
Por otro lado, el proyecto de ley de Fuerza Popular fue recibido en el Congreso el 4 de noviembre a iniciativa de los congresistas Úrsula Letona y Miguel Torres, este último titular de la Comisión de Constitución del Parlamento.

También modifica el cuarto párrafo del artículo 41 de la Constitución, pero incluyendo más delitos a comparación de la propuesta del Ejecutivo: “El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra la Administración Pública, en el patrimonio del Estado, y la seguridad nacional, así como en los delitos de traición a la patria. En estos casos, la ley puede establecer la imprescriptibilidad de la acción penal cuando sean cometidos por funcionarios o servidores públicos”.

En la exposición de motivos, la iniciativa destaca que “la lucha contra la corrupción para la tutela de los intereses y patrimonio del Estado no es el único asunto que genera en el legislador la exigencia de mejorar el diseño de la política criminal, sino que va sumado a otros bienes jurídicos tutelados de particular relevancia, tales como la seguridad e integridad nacionales, entre otros”.

--¿Una competencia?--
Esta no es la única coincidencia entre las propuestas del Ejecutivo y Fuerza Popular, de mayoría en el Congreso. Ayer, el legislador fujimorista Héctor Becerril presentó un proyecto de ley que establece la denominada muerte civil para quienes sean sentenciados por delitos de terrorismo y apología al terrorismo.

Esta propuesta se hace más de dos semanas después de que el Ejecutivo promulgara la ley de muerte civil para condenados por corrupción. Y en medio, además, de la propuesta del presidente Kuczynski para inhabilitar también a perpetuidad a funcionarios del sector privado sentenciados por corrupción.

El analista político Luis Benavente compara la situación con una competencia “para ver quién saca mejor nota en el colegio”. “Keiko Fujimori quiere hacer mostrar su fuerza en el Congreso, que ahí manda ella”, comentó en diálogo con El Comercio.

Sin embargo, Benavente consideró que las propuestas del Ejecutivo y el Congreso de mayoría fujimorista demuestran que hay bastantes puntos de encuentro y coincidencias entre ambos frentes.   

“El presidente debería convocar a Keiko y a las dos bancadas para buscar acuerdos para manejar una agenda más integrada, porque realmente los puntos en común e intereses son demasiado grandes entre las fuerzas políticas”, sentenció finalmente.

Ambas iniciativas legislativas se encuentran en la Comisión de Constitución y Reglamento, que preside el fujimorista Miguel Torres.

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