Gobierno fijará requisitos para denuncias de procuradores

Los efectos de la reciente disputa generada entre la procuraduría anticorrupción y el Ejecutivo continúan. Luego de que diversos miembros del gobierno cuestionaran el accionar de algunos procuradores, la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, anunció ayer que se establecerán parámetros específicos para sus denuncias. “No queremos que no existan condiciones mínimas para la presentación de estas [denuncias], porque la procuraduría pierde respaldo y prestigio institucional”, dijo la ministra a “TV Perú”.

La medida será consignada en el reglamento del Decreto Legislativo 1326, el cual reestructura el sistema administrativo de la defensa jurídica del Estado.
“Queremos procuradores con denuncias tan sólidas como para que todas sean admitidas por la fiscalía. Y, si esto no se da, que no sea por tener una pobreza en la rigurosidad de la investigación”, argumentó la ministra.

En la norma, además, el Ministerio de Justicia establecerá canales formales de comunicación para la procuraduría. Así lo había anunciado Pérez Tello luego de que se filtrara el pedido que hizo el procurador Amado Enco para que la fiscalía investigue por colusión al ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra. “Lo que ha pedido el primer ministro es que corrijamos estas cosas que no nos gustan porque podrían debilitar el sistema”, señaló la ministra.

Para el presidente Pedro Pablo Kuczynski, las medidas no son una mordaza para los procuradores. “Para nada, todo funcionario público debe seguir las reglas de su profesión”, contestó sobre el tema.

—Medida polémica—
Precisamente, el origen de ese pedido de “correcciones” y el contenido de las mismas han generado cuestionamientos por parte de ex procuradores y constitucionalistas. Ello debido a que se dan luego de que el primer ministro Fernando Zavala criticara públicamente el accionar de Amado Enco.

“En el contexto actual, esto constituye una clara intromisión. Es el procurador quien debe definir si se realiza o no una denuncia”, dijo a El Comercio el ex procurador anticorrupción Joel Segura.

Además, según las fuentes consultadas, los requisitos mínimos que debe cumplir una denuncia ya están establecidos en el Código Procesal Penal. “Este señala que deben existir indicios razonables de comisión del delito. Fijar requisitos adicionales podría prestarse a algún tipo de control por parte del gobierno”, señaló el ex procurador Luis Vargas Valdivia.

Para los constitucionalistas Víctor García Toma y César Landa, la medida no sería inconstitucional. Lo que sí podría constituir es una politización del trabajo de la procuraduría, según Landa. “La ministra de Justicia es la que lidera el Consejo de Defensa Jurídica del Estado en términos políticos, pero no técnicos. Habría que ver hasta dónde pretende ir su regulación”, señaló Landa.

Para los especialistas resulta indispensable analizar de forma detallada que el reglamento no supere los alcances del decreto legislativo. “Hay una ley que regula el sistema de procuradores. El reglamento no puede ir más allá de ese marco normativo”, indicó a El Comercio García Toma.

De superar los alcances del decreto legislativo, la solución a la controversia terminaría siendo peor que el problema, según las fuentes consultadas.

LOS DATOS

—El plazo—
Desde el pasado 6 de enero, fecha en la que se promulgó el Decreto Legislativo 1236, el Ejecutivo cuenta con 90 días para emitir el reglamento de la norma.

—El estado—
El borrador del reglamento sería presentado durante los próximos días a la Presidencia del Consejo de Ministros, informó la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello.

—El paso previo—
Quince días antes de tener la norma definida, el Ejecutivo prepublicará el reglamento para recibir comentarios de cualquier ciudadano o entidad.

—La fecha—
La versión final del reglamento sería publicada en la primera semana de abril, según afirmó la ministra Pérez Tello.

CLAVES

—¿Qué es el Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE)?
Es un órgano colegiado que se encarga de dirigir y supervisar la defensa jurídica de los intereses del Estado. Dicha defensa es ejercida por los respectivos procuradores públicos.

—¿Quiénes lo forman?
El CDJE está presidido por la ex procuradora de lavado de activos Julia Príncipe. Además, cuenta con dos consejeros que hasta hace poco eran el ex decano del Colegio de Abogados Pedro Angulo y el constitucionalista Enrique Bernales.

—¿A qué institución pública responde el CDJE?
El CDJE es una entidad adscrita al Ministerio de Justicia. No obstante, si bien existe una dependencia administrativa, sus procuradores cuentan con autonomía funcional.

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