El Poder Judicial, que preside la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado, asumió el compromiso de implementar una plataforma virtual de consulta ciudadana para conocer si los candidatos a las Elecciones Regionales y Municipales 2022 tienen procesos penales.
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Fue durante la 41 sesión de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), realizada este martes 19 de julio en la sede de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
El proyecto plantea fortalecer la integridad en el contexto de los próximos comicios, permitiendo así a los/las votantes informarse sobre procesos de corrupción, tráfico ilícito de drogas, terrorismo y lavado de activos, en caso de que los candidatos/as de su preferencia estuvieran involucrados.
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En la referida sesión, los integrantes de este organismo anticorrupción también aprobaron el Plan de Trabajo al 2023 de la institución.
El organismo anticorrupción es un ente de articulación y coordinación entre las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, cuyo objetivo principal es proponer políticas dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el país.
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En esta cita, intervinieron, además de Barrios Alvarado, el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres; el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Henry Ávila Herrera; y la fiscal de la Nación, Liz Benavides Vargas.
También, la defensora del Pueblo encargada, Eliana Revollar; el ministro de Educación, Rosendo Serna; representantes de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y la congresista Gladys Echaíz.
En esta sesión, se revisaron informes del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), relacionados con el sistema electrónico de contrataciones del Estado y el proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre otros temas en materia de integridad.
Cabe indicar que el encuentro se desarrolló en la sede de la Junta Nacional de Justicia, cuyo representante preside el organismo anticorrupción.
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